El estado de California insiste en cerrar los centros de detenciones en territorio estatal pese a una reciente decisión de un panel de tres jueces de la Novena Corte de Apelaciones.

Están en juego dos centros de detenciones en el condado, uno en el centro de la ciudad de San Diego y el otro en Otay Mesa. 

Pedro Ríos, uno de los activistas que más se han opuesto a los centros de detenciones en San Diego, dijo a El Latino que la decisión de la corte, aunque no es final, “refleja las políticas del ala más conservadora en el partido republicano, que busca lucrar con la detención de migrantes”.

“Es una decisión que contradice la opinión de la mayoría de los californianos, que dicen que esa no es manera de tratar a personas que vienen en busca de una mejor vida”, dijo el director del Comité de Servicios de los Amigos Americanos en San Diego.

De acuerdo con Ríos, la decisión dividida de un panel de tres jueces –dos a favor y uno en contra—no es final en esa corte de apelaciones que generalmente se caracteriza por decisiones más liberales.

El caso todavía tiene que pasar por el pleno de esa misma corte, con 13 magistrados, y el fiscal general del estado, Rob Bonta, dijo que hará cuanto esté en sus manos por revertir la decisión inicial de tres jueces.

“Como filipino estadounidense que fui traído a este país cuando era un bebé, esta pelea es personal para mí”, dijo el fiscal en comentarios escritos.

“Las cárceles y los centros de detención no deberían ser lugares de lucro insistió el fiscal general, “cuando aprobamos la ley AB 32, enviamos un mensaje claro de que poner fin a los centros de detención con fines de lucro es clave para lograr ese objetivo”. 

La ley AB 32 prohíbe a las ciudades renovar contratos para que operen cárceles y centros de detenciones privados. Sin renovación, todos los centros a los que la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lleva a los migrantes detenidos quedarían fuera de operaciones a más tardar en el año 2028.

Pero dos de los tres jueves que decidieron esta semana opinaron que el tema de la migración es un asunto federal, no estatal de California.

Sin embargo, los contratos con los que operan los centros privados de detenciones se hacen con ciudades de California.

El gobernador Gavin Newsom promulgó la prohibición a los centros privados de detenciones en el 2019. 

Con esa firma, el gobernador buscaba restringir la cooperación de California con el gobierno de Donald Trump en detener a migrantes para encerrarlos en centros de detención privados que operan como empresas de lucro. 

Luego de que Newsom firmó la ley, la administración Trump y una de las corporaciones de centros privados, el Grupo GEO, presentaron una demanda contra California.

Aunque Donald Trump dejó el cargo, la administración del presidente Joe Biden prosiguió con esa demanda en la corte de apelaciones. 

Al seguir la defensa de los centros privados de detenciones, la administración va en contra de promesas de campaña del presidente Biden, quien se comprometió a tratar de cerrar todos los centros de detenciones de corporaciones privadas.