SAN DIEGO.- En la segunda quincena de marzo del recién finalizado 2021, el presidente Joe Biden solicitó al Congreso de Estados Unidos prohibir  la venta de los rifles de alto poder y poner fin a los vacios en la verificación de antecedentes de los consumidores de estas armas de fuego. Ir a enlace.

Su petición a los legisladores fue motivado, entre otros factores por las frecuentes balaceras ocurridas en el país y que se ‘dispararon’ a finales del 2020 y en la primavera de 2021

Sin embargo, Alejandro Dueñas, un empleado con años de experiencia en armas de fuego declararía entonces a El Latino San Diego que “le echan la culpa al arma, o al tipo de arma, pero eso no es; puede ser que sea un revolver, un semiautomático, una pistola o un rifle”.

Este hombre con considerable experiencia sobre armerías indicaría asimismo al reportero que que “le echan la culpa al arma, o al tipo de arma, pero eso no es; puede ser que sea un revolver, un semiautomático, una pistola o un rifle”.

Reforzaría su argumento señalando que “y le dicen que es un arma de asalto, pero mucha gente dice que conoce las armas, (pero) un cuchillo y un martillo, hay que clasificar como una arma de asalto (en el caso en que se estaría) asaltando a alguien”.

“Y le dicen que es un arma de asalto”, continuó,  “mucha gente dice que conoce las armas, (pero) un cuchillo y un martillo, hay que clasificarlo como una arma de asalto (en el caso en que se estaría) asaltando a alguien”.

Postura coincidente con la NRA

Su postura sobre este debatido tema no está muy lejano al que ha manejado la llamada Asociación Nacional del Rifle (Rifle National Association, o NRA por sus siglas en inglés).

Dicha organización llega a gasta hasta $3 millones de dólares cada año en apoyar el ‘lobby’ o influencia política en favor que no se prohíba la venta de armas, bajo el argumento de que con ello se estaría violando la 2da. Enmienda; es decir, el derecho del individuo a disponer de armas para su defensa personal, la de su familia o su propiedad.

Interponen demanda vs. la  AB 173

Y es que el debate se ha reabierto nuevamente luego de que un grupo de propietarios de armas (de fuego) recientemente interpuso una demanda ante la Corte Federal de San Diego buscando impedir que el Departamento de Justicia de California haga cumplir una ley estatal recientemente firmada que permite proporcionar información personal de los propietarios de armas.

Este banco de información recabaría datos acerca de la compra de arma y balas para ser compartido con un centro de investigación que se dedica a analizar la violencia armada.

Se indicó que la demanda fue presentada el miércoles 5 de enero por cinco personas, identificadas como ‘John y Jane Does’, de los cuales, tres son residentes del condado de San Diego.

Buscan bloquear la aplicación de la AB 173

En si, los demandantes pretenden bloquear la aplicación de la ley AB 173, aprobada por la firma del gobernador Gavin Newsom en el otoño del año que recién terminó y validado por la Secretaría de Gobierno; es decir, una enmienda a la Constitución del Estado que hace posible revelar información sobre el manejo de armas de fuego.

En esencia, el Proyecto de Ley 173 requiere que “el Departamento de Justicia de California (DOJ), cuyo titular es Rob Bonta, proporcione información estatal, incluida información de identificación personal, al Centro de Instigación de Violencia de Armas de UC Davis, y permite que el DOJ proporcione esa misma información a ciertas organizaciones sin fines de lucro y agencias estatales”.

Acerca de ello, una portavoz de la Oficina del Fiscal General de California confirmó que esta oficina aún no recibe la notificación de demanda, pero si emitió un comunicado sobre la postura de esta agencia de administración y procuración de justicia:

“La Fiscalía General continuará haciendo cumplir y difundiendo las leyes del estado, incluyendo la AB 173 y sus disposiciones, que buscan mejorar la seguridad pública al proporcionar a las instituciones de investigación los datos que necesitan para estudiar la violencia armada”.

Pero de acuerdo con la Asociación Nacional del Rifle en California “esta legislación crea graves preocupaciones sobre la privacidad, así como preocupaciones de que esta información pueda proporcionarse a grupos que crean “investigaciones” sesgadas para impulsar políticas de control de armas sin investigar realmente las causas fundamentales de la violencia”.

El Procurador General, Rob Bonta, respondió respecto a la demanda que se aplicará la ley. Foto-Cortesía: Fiscalía General de California.