El Consorcio de los Derechos de los Inmigrantes en San Diego calificó de racista la ordenanza que exige licencia comercial y permiso municipal a vendedores en áreas públicas.

El consejo municipal aprobó por 8 votos en favor y 1 en contra la ordenanza el martes, para que quieres deseen vender en playas, corredores turísticos y otros centros de reunión, deben contar con licencia comercial y los permisos correspondientes.

El consorcio dijo por su parte que “esta ordenanza hará casi imposible que los vendedores ambulantes operen en la ciudad de San Diego de manera equitativa y próspera, e impacta  a inmigrantes, miembros de la comunidad de bajos ingresos y miembros de la comunidad de color”.

La coalición que integra el consorcio destacó que la “narrativa racista en esta ordenanza es que los vendedores ambulantes venden drogas, son violentos y sucios; irónicamente, San Diego se llama a sí misma una ciudad acogedora, pero ha escrito justo en el preámbulo de esta ordenanza esta narrativa de odio”

El grupo declaró que “la idea de embellecer las playas expulsando a los vendedores que son predominantemente miembros de la comunidad negra y morena es racista”.

Además, el consorcio destacó que la nueva ordenanza obstaculiza a inmigrantes y pobres “al colocar barreras innecesarias e ilegales que impedirá que los vendedores ambulantes accedan a la economía formal”.

La directora ejecutiva del consorcio, Dulce García, dijo que “muchas de nuestras familias inmigrantes recurrieron a la venta ambulante para sobrevivir. Con esta disposición su capacidad para ganarse la vida se ve seriamente amenazada”.

Dijo que según estadísticas, “la mitad de las muertes relacionadas con Covid en San Diego han sido de familias inmigrantes. En gran parte, la pobreza es un factor que contribuye a estas muertes” y esta nueva medida les dificulta la recuperación.

“La ciudad no logró involucrar a los vendedores ambulantes durante toda la pandemia y, una vez más, mantiene a los más vulnerables fuera de la conversación”, dijo el consorcio.

Lamentó que “la ciudad de San Diego solo escucha a los propietarios de negocios y las comunidades de playa en lugar de proteger a los vendedores ambulantes de acuerdo con la ley estatal”. Un abogado de migración y asesor laboral Ian Seruelo, detalló que la ordenanza es un “documento de 34 páginas que contiene al menos 20 páginas de restricciones, sanciones y multas; esta ordenanza inunda a los vendedores con multas y sanciones civiles, incluida la incautación de equipos”.