Manifestación de activistas en oposición al controversial Título 42, en la frontera de San Ysidro. Foto-Cortesía: California Wlcoming Task Force.

SAN DIEGO.- “La orden de salud pública del Título 42 permanecerá vigente en este momento y las personas que intenten ingresar ilegalmente a los Estados Unidos continuarán siendo expulsadas a México”.

La anterior advertencia la hizo el lunes 19 de diciembre el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security, HS), que precisa en un comunicado que asíu lo exige “la orden de suspensión administrativa de la Corte Suprema”.

Precisa en el mismo sentido la agencia encabezada por Alejandro Mayorkas que “mientras avanza esta etapa del litigio, continuaremos con nuestros preparativos para administrar la frontera  de una manera segura, ordenada y humana cuando se levante la orden de salud pública del Título 42”.

Demanda ante Congreso, fondos
para “seguridad y gestión fronteriza”

Y concluye: “Instamos al Congreso a utilizar este tiempo para proporcionar los fondos que hemos solicitado para la seguridad y gestión fronteriza y avanzar en las medidas integrales de inmigración que propuso el presidente Biden en su primer día en el cargo”.

Renovado por Trump y continuado por Biden

Como es del dominio público, el antecedente del llamado Título 42 se define como “un estatuto de salud pública promulgado en 1944 y que da los Centro sara el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) la autoridad y atribuciones para determinar si una enfermedad contagiosa en un país extranjero pudiera significar un peligro de propagación de la misma en los Estados Unidos”.

No obstante organizaciones activista como “California Welcoming Task Force” han acusado que el controversial título 42 “fue diseñado por Stephen Miller, un conocido supremacista blanco y asesor de inmigración del ex presidente Donald Trump” y aprovechando la pandemia de COVID-19, expulsan a los inmigrantes indocumentados        del país.

Obligación legal

Y precisa la mencionada organización que “nuestro gobierno tiene la obligación legal de brindar a las personas acceso al asilo, lo cual también está en consonancia con nuestros valores de compasión, humanidad y dignidad”.

“Los expertos en salud pública han condenado repetidamente la política y han demostrazdo que no tiene nada que ver con la salud p´®ublica y todo que ver con política”. (El Título 42) “ha  tenido un impacto negative desproporcionado en los inmigrantes negros y LGBTQ+. No hay razón para mantener el Título 42 aparte de la postura política, el alarmismo, la xenophobia y el racismo”.

Y aún está vigente la declaración realizadapor Kate Clark, directora de servicio de inmigración del Jewish Family Service (Servicio Familiar de Judios de San Diego) el 23 de mayo, poco después de que los CDC habían anunciado ‘la eliminación’ del Título 42, lo cual -de hecho- nunca ocurrió.

 “En un momento en que las necesidades humanitarias aumentan debido a la escalada de las crisis en todo el mundo, a miles de migrantes vulnerables se les sigue negando injustamente su derecho a buscar asilo en los EE. UU. bajo el pretexto de ‘salud pública’ bajo la cruel política de expulsión del Título 42”.

“Debimos haber implementado
políticas públicas para mejor manejo”

Por su parte Kenia Zamarripa, directora ejecutiva de Asuntos de Negocios Internacionales de la Cámara Regional de Comercio consideró que En el caso del Título 42 no es que sea negativo, el reto ahí y que lo alarma es que no teniamos como antecedente operaciones eficientes en el manejo de la frontera; de alguna manera el Título 42 nos ayudó a detener ese flujo de caravanas y en ese tiempo debimos haber implementado políticas públicas que facilitara que se levantaran las restricciones y ya pudiera haber un mejor manejo  de estas medidas de asilo político y la migración”.