SAN DIEGO.- A mediados de 2019 la señora Consuelo Villalpando se paró frente a la sede del gobierno municipal de Imperialo Beach y portando la camiseta de la organización activista ACCE mostró desafiante dos cartulinas, una en cada mano:
“We don’t want to be Homeless!; we are fighting for lives here! (¡No queremos ser homeless!); ¡Estamos luchando por vivir aquí).
La expresión pública de la señora Villalpando tenía una explicación y una clara razón de ser: el temor al desalojo que experimentan cientos de familias pobres de las comunidades del Condado de San Diego por la ausencia de ley de control de rentas o de protección inquilinaria.
Y es que ella es una entre miles de inquilinos que viven presionadas (os) por propietarios de viviendas quienes amenazan con desalojarlas (os) o simplemente obligarlas (os) a desocupar sus departamentos o unidades con el pretexto de ‘vender’ la propiedad o construir en el terreno una que “les resulte más rentable”, como sucede con el caso de los 104 residentes del Trailer Park “Siesta RV Park”, localizado en la 4ta. Avenida y Palm, en Imperial Beach.
Latino San Diego.
Familias de bajos ingresos, la gran mayoría
Baste decir que se trata de familias de bajos ingresos y en este caso los residentes pagan alrededor de $725 mensuales, una situación que tiene inconforme a los propietarios de vivienda quienes han anticipado que no están dispuestos a mantener ‘rentas congeladas’.
Vale recordar que el 6 de noviembre de 2018 fue puesto a consideración de los electores de California la Proposición 10 (que fue aprobada por la legislatura en 1995) que planteaba la opción de poner fin a la Ley Costa-Hawkins o poner en práctica el control de rentas, pero esta última fue derrotada.
Por todo ello fue relevante la aprobación la noche de ayer 25 de abril de la Ordenanza de Protección de Inquilinos por 8 votos a favor y 1 en contra.
foto: Twitter.com
Aún hay “lagunas”que
protegen a los propietarios
Homayra Yusufi, directora ejecutiva interina de la organización “Partnership for the Advancement of New Americans (PANA, por sus siglas en inglés), reaccionó sobre la votación del Concejo Municipal de la Ciudad de San Diego.
Indicó de entrada que “es un paso en la dirección correcta y demuestra que se necesitan protecciones para los inquilinos”.
“Sin embargo”, afirmó, “ todavía, contiene lagunas que permiten a los propietarios depradadores continuar desalojando, desplazando y empujando injustamente a las familias de San Diego a la falta de vivienda”.
Horacio Rentería/El Latino San Diego.
“Ninguna otra ciudad
tiene esta excepción”
Y mencionó como ejemplo que “entre las muchas lagunas en la ordenanza se encuentra la exención para arrendamientos a plazo fijo de 3 meses o menos. Ninguna otra ciudad tiene esta excepción”.
“Los propietarios que brinden contrato de arrendamientos de 3 meses excluirán a los inquilinos de la Sección 8 que requieren un plazo inicia de 1 año, lo que limita” -advirtió Yusufi- “la ya escasa cantidad de viviendas disponibles y conduce a la discriminación en materia de vivienda”.
“En lugar de encontrar miembros del Concejo que ayudarían a cerrar y salvarguardar a las familias de la explotación, encontramos muchos campeones que protegen a los propietarios depradadores a través de las enmiendas”, manifestó.