SAN DIEGO.- José Ángel Portilla de Tijuana, México, y Kathie Silva de Chula Vista, California, han sido acusados en un monumental caso de fraude contra Medicare, involucrando reclamaciones fraudulentas por productos médicos duraderos (DME). Según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California, desde alrededor de 2016 hasta 2022, ambos conspiraron para defraudar a Medicare a través de operaciones de centros de llamadas en México.
De acuerdo a un comunicado emitido por la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia federal, el esquema implicaba agentes en centros de llamadas que contactaban a beneficiarios de Medicare en Estados Unidos, utilizando guiones diseñados para persuadirlos de aceptar productos DME innecesarios. Silva, por su parte, facilitó la obtención de firmas médicas fraudulentas mediante la contratación de empresas de telemedicina.
Este caso es solo uno de los 193 individuos acusados en la reciente Acción Nacional contra el Fraude en la Atención Médica de 2024, descrita en el documento como una operación conjunta que ha descubierto esquemas fraudulentos por un total de aproximadamente $2,750 millones en reclamaciones previstas. Además indica que se estima que las pérdidas reales ascienden a $1,600 millones, afectando gravemente los recursos destinados a la atención médica legítima.
La operación, que abarcó múltiples distritos federales en todo el país, ha resultado en la confiscación de más de $231 millones en activos y ha destacado la colaboración entre agencias policiales federales y estatales para combatir el fraude en la atención médica. Funcionarios como el Fiscal General Merrick B. Garland y el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas enfatizaron mediante el documento la importancia de proteger a los pacientes y asegurar que los fondos destinados a la atención médica se utilicen correctamente.
El mismo comunicado citó a la fiscal principal adjunta, Nicole M. Argentieri, quien subrayó que “el fraude en la atención médica victimiza a los pacientes y socava los recursos destinados a los más vulnerables”. Esta acción no solo busca enjuiciar a los responsables, sino también enviar un claro mensaje de que tales prácticas fraudulentas no serán toleradas.
Además del caso de Tijuana y Chula Vista, la operación nacional reveló una amplia gama de esquemas fraudulentos en todo el país. Por ejemplo, en Arizona se desenmascaró un plan de fraude por $900 millones, donde los acusados facturaron a Medicare por injertos médicamente innecesarios a pacientes terminales. En otro caso destacado, cinco individuos asociados con una empresa de tecnología digital fueron acusados de distribuir ilegalmente millones de pastillas de Adderall.
Las acciones del gobierno han incluido la confiscación de lujosos vehículos y activos financieros, enfatizando su compromiso de recuperar fondos malversados y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales.
Se dijo que a medida que estos casos avancen en los tribunales, se esperan más detalles sobre las sentencias y las medidas adicionales para evitar futuros fraudes en la atención médica.
