SAN MARCOS.- Al ser una de las ciudades del Norte del Condado con un aumento significativo en el número de residentes sin hogar y tomando como respaldo el reciente fallo judicial derivado del caso City of Grants Pass, Oregon v. Johnson el cual establece que los campamentos de personas sin hogar en propiedades públicas serán ilegales, las autoridades de San Marcos ya avanzan en una propuesta para prohibir los campamentos en propiedades públicas.
Las estadísticas del censo anual de la población sin hogar de San Diego, realizado en enero, muestran que en San Marcos se experimentó un aumento del 1,650% (aumentando de dos a 35 casos), mientras que en Vista los casos aumentaron de 88 a 170 y en Encinitas de 73 a 123.
Funcionarios de la ciudad, encabezados por la alcaldesa Rebecca Jones, han señalado varios desafíos asociados con este crecimiento, incluyendo riesgos de seguridad pública, daños ambientales y problemas de salud pública debido a desechos y obstrucciones de tráfico.
Como confrontación a estas preocupaciones han surgido voces de diversos defensores de las personas sin hogar cuestionando la efectividad de dicha prohibición y argumentando que tal medida sólo desplazará a las personas sin hogar, pero no abordará las causas fundamentales del problema, lo cual podría dificultarles más su reintegración a la comunidad.
La ordenanza propuesta se someterá a una segunda lectura en la próxima reunión del Concejo Municipal de San Marcos, con la posibilidad de entrar en vigor 30 días después de su aprobación final.
Aunque el fallo de la Corte Suprema otorga a los funcionarios estatales y locales “la autoridad definitiva para implementar y hacer cumplir políticas destinadas a despejar campamentos inseguros de las calles” y San Marcos busca ejercer dicha autoridad, el gobernador Gavin Newsom declaró que “California mantiene su compromiso de respetar la dignidad y las necesidades humanas fundamentales de todas las personas y reconoció que esta decisión “elimina las ambigüedades legales que han atado las manos de los funcionarios locales durante años y han limitado su capacidad para generar medidas de sentido común para proteger la seguridad y el bienestar de las comunidades.
Actualmente, California invierte mil millones de dólares como parte del Fondo estatal de Resolución de Campamentos (ERF) para ayudar a las personas sin hogar a salir de los campamentos peligrosos y trasladarlas a refugios y viviendas, aunque no han tenido el impacto que se esperaba debido a los lineamientos y requisitos para acceder a los programas.