SACRAMENTO.- Una coalición de organizaciones defensoras de la justicia climática y ambiental está pidiendo al gobernador Gavin Newsom que vete cuatro proyectos de ley que, según argumentan, podrían debilitar las regulaciones de emisiones de vehículos y embarcaciones en California.
Los defensores advierten que estas propuestas legislativas podrían aumentar la contaminación en comunidades vulnerables y retrasar los esfuerzos del estado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los proyectos de ley en cuestión buscan modificar las Regulaciones de Flotas Limpias Avanzadas (ACF) y de Embarcaciones Portuarias Comerciales (CHC), normas diseñadas para reducir las emisiones de los vehículos medianos y pesados, así como de las embarcaciones portuarias. A continuación, se detalla el contenido de cada uno de estos proyectos:
- AB 637 (Jackson): Propone posponer la implementación de la norma ACF, la cual establece que para 2036 todos los vehículos de servicio mediano y pesado vendidos en California deben ser de cero emisiones. Se estima que las enmiendas sugeridas por este proyecto costarían al estado al menos $1.838 millones anuales durante los primeros dos años fiscales posteriores a su promulgación, y $2.3 millones anuales a partir del tercer año.
- AB 3179 (Carrillo): Crea exenciones para los vehículos de telecomunicaciones de emergencia, permitiéndoles operar sin cumplir con los estándares de cero emisiones. La implementación de estas exenciones tendría un costo de $1.4 millones en 2024-25 y de $232,000 anuales a partir de 2026.
- AB 1122 (Bains): Requiere la inclusión de funciones de anulación en los filtros de contaminación de ciertas embarcaciones y retrasa los plazos para instalar nuevos motores más limpios, afectando los objetivos de la norma CHC para reducir emisiones en el sector marítimo.
- AB 1296 (Grayson): Retrasa los requisitos de cumplimiento para las embarcaciones de la estación de pilotos según la norma CHC, lo que podría dificultar los esfuerzos para reducir las emisiones de diésel en puertos marítimos. Se estima que estas modificaciones generarían costos adicionales continuos de al menos $2.4 millones anuales.
En respuesta a estos proyectos de ley, los defensores han resaltado la importancia de las regulaciones vigentes para proteger la salud pública y avanzar en la estrategia de electrificación del transporte en California. La regulación ACF busca eliminar gradualmente los vehículos de combustión interna, mientras que la norma CHC impone el primer mandato de cero emisiones para transbordadores de corta distancia en el país. Ambas normas son fundamentales para cumplir con la Orden Ejecutiva N-79-20 emitida por el gobernador Newsom en 2020, que establece la meta de lograr un 100 % de vehículos y equipos todoterreno de cero emisiones para 2035.
Las organizaciones advierten que cualquier modificación a estas regulaciones podría obligar a la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) a rescindir las solicitudes de exención actuales, lo que provocaría demoras significativas en la implementación de las medidas de reducción de emisiones. Proponen, en cambio, colaborar con CARB para abordar las inquietudes dentro de las flexibilidades existentes en las regulaciones, sin necesidad de debilitarlas.
El futuro de estos proyectos de ley ahora depende de la decisión del gobernador Newsom, quien deberá sopesar las preocupaciones de las comunidades afectadas y la necesidad de mantener a California como líder en la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire.
