“Mediante el ejercicio de su autoridad bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Constitución de los Estados Unidos, el Presidente Donald Trump está autorizando y ordenando al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado a tomar todas las medidas necesarias para repeler, repatriar y expulsar de inmediato a los extranjeros ilegales a través de la frontera sur de los Estados Unidos”, dicta una de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente estadounidense este miércoles 22 de enero.
Con dicha Orden, el ejecutivo “suspende el ingreso físico de extranjeros que participen en una invasión de los Estados Unidos a través de la frontera sur”.
De acuerdo con el documento divulgado desde el portal de la Casa Blanca, este hecho garantiza la protección de los estados contra la invasión.
Dicha protección es parte de los acuerdos aceptados por cada estado al momento de su adhesión a la Unión al aceptar “renunciar a gran parte de su soberanía a cambio de la promesa del gobierno federal, contenida en el Artículo IV, Sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos”.
El presidente Trump refiere en su Orden Ejecutiva que estados como Texas “han pedido al gobierno federal protección contra invasiones durante la administración Biden, pero éste no los protegió de millones de inmigrantes ilegales que ingresan a Estados Unidos, invaden sus comunidades e imponen miles de millones de dólares en costos a los gobiernos estatales y locales”.
Y enfatiza que “el Presidente tiene la autoridad bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, así como la autoridad inherente bajo el Artículo II de la Constitución, para impedir el ingreso físico de extranjeros ilegales a los Estados Unidos a través de la frontera sur”.
Señala además que “ha restringido aún más el acceso a las disposiciones de las leyes de inmigración que permitirían a cualquier extranjero ilegal involucrado en una invasión a través de la frontera sur de los Estados Unidos permanecer en el país, como el asilo”.
Previo a la firma, el documento contextualiza que tal como el presidente Trump lo describió en 2018, “la inmigración ilegal afecta las vidas de todos los estadounidenses. La inmigración ilegal perjudica a los trabajadores estadounidenses; supone una carga para los contribuyentes estadounidenses; socava la seguridad pública; y ejerce una enorme presión sobre las escuelas locales, los hospitales y las comunidades en general, quitándoles recursos valiosos a los estadounidenses más pobres que más los necesitan. La inmigración ilegal le cuesta a nuestro país miles y miles de millones de dólares cada año… Y por lo tanto, tomaré todas las medidas legales a mi disposición para abordar esta crisis. Y eso es lo que estamos haciendo”.
