Una trampa. Así describen organizaciones defensoras de derechos migrantes lo ocurrido el pasado 22 de mayo en el edificio federal Edward J. Schwartz, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a varias personas inmigrantes inmediatamente después de que concluyeran sus audiencias migratorias.

Los arrestos fueron ejecutados sin órdenes judiciales válidas y frente a la presencia de sus abogados, quienes denunciaron que las detenciones vulneran el debido proceso.

Los hechos fueron presenciados por miembros del Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego (SDIRC), quienes señalaron que estas personas acudieron al tribunal en cumplimiento de sus obligaciones legales, solo para ser sorprendidas por oficiales de ICE en los pasillos del edificio federal.

Algunos de los detenidos incluso habían recibido la desestimación de sus casos por parte de un juez de inmigración y estaban por iniciar su solicitud de asilo ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), pero fueron interceptados antes de poder ejercer ese derecho.

En lugar de permitir que las personas continúen con el proceso regular ante USCIS, ICE está utilizando un procedimiento conocido como expedited removal —remoción acelerada— que permite deportar a personas que han estado menos de dos años en el país sin llevarlas ante un juez.

“La falta de debido proceso es inaceptable. El derecho a solicitar asilo es un derecho humano, y debe ser respetado”, declaró Ian Seruelo, presidente del SDIRC y dirigente local de la Alianza Laboral de Asiáticos y del Pacífico Americano (APALA). “Esta táctica de represión provoca un efecto paralizante. Las personas que están ejerciendo su derecho a defenderse legalmente ahora tienen miedo de presentarse a la corte por temor a ser arrestadas”.

Durante las acciones de ICE, miembros de SDIRC observaron intentos de detención a personas sin la verificación previa de órdenes judiciales.

En al menos un caso, gracias a la intervención de abogados, se comprobó que los agentes estaban deteniendo a la persona equivocada.

“Lo que ocurre hoy en los tribunales de inmigración es una muestra vergonzosa de abuso de poder. Solicitantes de asilo —personas que huyeron de la persecución y siguen el proceso legal— están siendo arrestadas arbitraria y maliciosamente”, afirmó Crystal Felix, representante legal del SDIRC y miembro del Capítulo San Diego de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

“Estas acciones buscan quebrar el espíritu humano y minar el principio fundamental de nuestras leyes de asilo. Además, representan un grave desperdicio de recursos judiciales: se programan audiencias, se preparan casos y se cancelan en el último momento, sin respeto por la eficiencia ni el debido proceso”.

Desde 2007, el SDIRC —una coalición de organizaciones comunitarias, religiosas, laborales y legales— trabaja por la defensa de los derechos civiles y humanos de las personas inmigrantes en San Diego.

Ante estos hechos, la organización exigió una respuesta inmediata de las autoridades y el fortalecimiento de las protecciones legales en todos los niveles de gobierno. Se puede conocer más sobre sus acciones en immigrantsandiego.org.