SAN DIEGO.- La decisión de la administración Trump de revocar la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) de la Universidad de Harvard, impidiéndole matricular estudiantes internacionales, ha encendido las alarmas en la comunidad educativa de la región fronteriza entre Tijuana y San Diego.
Aunque un juez federal emitió una orden temporal para bloquear esta medida, la incertidumbre persiste entre las instituciones que mantienen programas binacionales.
“La verdad es que sí estamos preocupados”, advirtió David Álvarez, asambleísta estatal por el Distrito 80 de California. “Es obvio que la administración Trump está enfocada en tratar de sacar del país a los migrantes, en este caso a los estudiantes que están aquí con autorización, que tienen sus documentos en regla para estudiar”.
Álvarez señaló que si bien la atención de la medida se ha centrado inicialmente en instituciones de renombre como Harvard, no se descarta que la política pueda extenderse a otras regiones, incluida la zona transfronteriza. “Yo creo que para lo que tenemos aquí en la región es un poco diferente, pero aún así no es que no exista la posibilidad de que tomen acción también con las visas de los estudiantes acá en San Diego”, dijo.
En torno al tema, en conferencia de prensa en Washington D.C., la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, respondió a los cuestionamientos sobre supuestas nuevas medidas migratorias que afectarían directamente a los estudiantes internacionales. Al ser consultada sobre la suspensión de entrevistas para nuevas visas y una posible verificación de redes sociales como parte del proceso, Bruce respondió que, aunque no se refiere a casos individuales, “nos tomamos muy en serio el proceso de verificación de antecedentes de quienes entran al país, y seguiremos haciéndolo. Seguimos investigando y seguimos teniendo interés”.
Para Bruce, el reforzamiento de los filtros no debería ser motivo de controversia. “Cada nación debería tomar en serio, y lo hace, a quién entra. Así que, si van a solicitar una visa, sigan el proceso normal, los pasos normales. Esperen ser evaluados, y a partir de ahí, seguiremos”.
Aunque evitó confirmar retrasos específicos en los procesos, la portavoz subrayó que el sistema de visas “siempre ha estado diseñado para observar a quien intenta entrar. Esto no es nada nuevo. Seguiremos utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para evaluar quiénes vienen, ya sean estudiantes o no”.
Desde la región fronteriza, Álvarez insistió en la importancia de reconocer la dinámica cotidiana que implica una vida académica transfronteriza. “Solo quienes la vivimos sabemos y reconocemos que la gente va y viene. Sí, están cruzando una frontera, pero es más bien como ir de una ciudad a otra en cualquier otra región de Estados Unidos”.
A su vez, advirtió que el mayor impacto lo sufrirán quienes dependen de una visa para estudiar. “A los que tienen visa es a los que más les debe preocupar. Los ciudadanos americanos que viven allá, ahora pues no tanto, y el impacto no lo sentirán de la misma manera”.
El legislador también defendió el valor de los programas educativos binacionales, como los acuerdos entre Southwestern College y CETYS Universidad. “Estos jóvenes contribuyen con su talento y esfuerzo. De eso se trata estos programas que hemos hecho aquí: de reconocer que hay talento, y que ese talento lo podemos aprovechar en toda la región, no solamente en Tijuana sino también en San Diego”.
La región Cali-Baja es conocida por su dinámica transfronteriza, donde miles de estudiantes cruzan diariamente para asistir a clases en instituciones como Southwestern College, la Universidad Estatal de San Diego (SDSU), la Universidad de California en San Diego (UCSD) y universidades en Tijuana como CETYS Universidad.
Recordó que una ley que promovió e implementó recientemente permite a universidades de California ofrecer programas de doble grado junto con instituciones mexicanas. “Creemos que esa puede ser una posibilidad para estudiantes que, por ejemplo, sean hijos de migrantes y que sus familias lleguen a sufrir una deportación, el joven pueda regresar a México con ellos sin interrumpir sus estudios”.
“No me gusta mentirle a la gente: la preocupación es muy real. La administración de Trump está en contra de nuestra comunidad. No hay otra manera de decirlo. No es retórica política, es una realidad, y hay que reconocerla”, afirmó.
En caso de que las medidas se amplíen, Álvarez aseguró que se buscarán alternativas para evitar que los jóvenes interrumpan sus estudios. “Vamos a intentar buscar alternativas para que sigan con su educación, especialmente para esos estudiantes que ya iniciaron acá y que ya van avanzados en sus estudios”.
“Lo importante es que terminen su educación. Y si no es físicamente estar aquí por decisiones del gobierno federal, que eso no sea razón para que no continúen. Sus estudios son muy importantes, y vamos a hacer todo lo posible para que eso no se pierda”, concluyó.