SAN DIEGO-. “La Corte no puede quebrantar la ley y al firmar esa orden, fue firmar una amenaza. Porque los agentes llegaron con ametralladoras, con bombas para asustar a la gente”.
Con esta declaración, el congresista Juan Vargas denunció públicamente la redada realizada el pasado 30 de mayo por agentes federales de inmigración en dos restaurantes del vecindario de South Park, en San Diego: Buona Forchetta y Enoteca Buona Forchetta.
El operativo, llevado a cabo al final de la tarde, involucró al menos a 20 agentes fuertemente armados con equipo táctico militar, quienes irrumpieron en los locales, esposaron a varios trabajadores y detonaron granadas aturdidoras, dejando a la comunidad “conmocionada y traumatizada”, según palabras de los funcionarios presentes.
Cuatro personas fueron detenidas: tres de origen mexicano y una colombiana. De acuerdo con el congresista Vargas, hasta ahora no se ha demostrado que los detenidos tuvieran antecedentes criminales violentos que justificaran el uso de ese nivel de fuerza.
La redada fue autorizada por la jueza federal Karen S. Crawford, magistrada del Tribunal del Distrito Sur de California, quien firmó una orden que, según Vargas, permitía a los agentes detener a cualquier persona que estuviera trabajando en los restaurantes, sin importar su estatus migratorio.
Vargas sostuvo una conferencia de prensa la mañana del lunes afuera del edificio James M. Carter and Judith N. Keep United States Courthouse, acompañado por varios aliados políticos, incluyendo al alcalde de San Diego, Todd Gloria; la alcaldesa de Imperial Beach, Paloma Aguirre; y los representantes federales Scott Peters, Sara Jacobs y Mike Levin.
Desde allí, el congresista señaló que “cuando agentes fuertemente armados de ICE irrumpen en un negocio local, empujan a las personas contra las paredes y esposan a cada trabajador que encuentran, es un mensaje. Un mensaje de miedo. Especialmente para los inmigrantes. Nosotros decimos: no lo vamos a permitir.”
El legislador pidió que se investigue si la orden firmada por la jueza Crawford se basó en fundamentos legales legítimos o si fue producto de prejuicios raciales.
“El hecho de que personas puedan ser arrestadas en su lugar de trabajo solo por su apariencia latina es profundamente ofensivo. Esto no es justicia, es discriminación institucionalizada”.
También criticó duramente a la administración federal, a la que acusó de mantener una política de asalto sistemático contra las comunidades inmigrantes.
En un llamado a la conciencia colectiva, Vargas insistió en que “hay que pelear. Nuestros padres lo hicieron, y nosotros también debemos tener esa valentía para decir: esto es un insulto. A la gente que está a favor de esto, le pregunto: ¿cómo llegaron sus antepasados? Muchos olvidan que también fueron inmigrantes. Eso no está bien”.
“San Diego no puede ser escenario de este tipo de abusos. Aquí se defiende la dignidad humana, venga de donde venga”, sentenció.