“Alimentamos al mundo. Lideramos al mundo. Y nunca dejaremos que los adversarios controlen nuestra tierra, nuestros laboratorios ni nuestros medios de vida”, declaró la secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, el pasado 8 de julio en Washington, al presentar el National Farm Security Action Plan.
Su discurso, alineado con la narrativa del programa Make Agriculture Great Again, situó a la agricultura como un frente clave de defensa nacional ante amenazas extranjeras.
El plan, respaldado por los departamentos de Defensa, Justicia y Seguridad Nacional, plantea un enfoque agresivo para proteger tierras, centros de investigación y cadenas de suministro agrícola.
Rollins aseguró que, bajo el liderazgo del expresidente Donald Trump, el país no permitirá más “infiltraciones” de naciones adversarias, haciendo alusión a recientes cargos federales contra ciudadanos extranjeros acusados de introducir un hongo nocivo con potencial destructivo en cultivos estadounidenses.
Pero mientras la administración promete blindar el campo de enemigos externos, pasa por alto una realidad estructural: la agricultura de Estados Unidos depende cada vez más de trabajadores migrantes temporales.
SOSTENIDO POR MIGRANTES
En 2023, el Departamento de Estado otorgó más de 310,000 visas H‑2A a jornaleros agrícolas, un aumento significativo en comparación con las 48,000 emitidas en 2005.
Ese mismo año, el Departamento de Trabajo certificó más de 215,000 empleos temporales bajo la visa H‑2B, principalmente en industrias estacionales como jardinería, turismo y procesamiento de mariscos.
Líderes de organizaciones como Farmworker Justice han se{alado que el discurso de seguridad nacional no puede ignorar que el campo estadounidense no funciona sin mano de obra migrante. “Esos trabajadores son esenciales para el suministro de alimentos, pero siguen siendo tratados como piezas reemplazables”, ha señalado Joe López
DE PROCESO COMPLEJO
Para que una empresa pueda contratar trabajadores H‑2A o H‑2B, debe demostrar que no hay suficientes empleados estadounidenses disponibles, obtener una certificación laboral del Departamento de Trabajo y pagar un salario prevaleciente.
El proceso puede tardar entre dos y cuatro meses y se ha criticado por su burocracia y rigidez.
Pese a su importancia, los trabajadores temporales enfrentan barreras legales significativas. En 2024, una jueza federal bloqueó una norma de la administración de Joe Biden que buscaba extender derechos sindicales a empleados H‑2A, argumentando que la ley laboral vigente los excluye explícitamente desde hace casi un siglo.
Expertos en derecho coinciden en que el gobierno no puede hablar de proteger al productor, si deja en la sombra al trabajador y además, ahora, los expone ante el riesgo de criminalizar su presencia “por razones de seguridad”.
ESCASEZ DE MANO DE OBRA
Aunque el National Farm Security Action Plan incluye medidas para evitar que potencias extranjeras compren tierras agrícolas, sancionar el fraude en programas de nutrición y proteger la investigación científica nacional, no menciona cómo enfrentar la creciente escasez de trabajadores en el campo ni plantea soluciones a la dependencia de mano de obra extranjera.
Estados como California, Florida y Texas han reportado dificultades para cubrir vacantes agrícolas, incluso cuando se ofrecen incentivos.
Frente a lo anterior, el plan plantea blindar al país frente a amenazas agroalimentarias, omite uno de los desafíos más urgentes del sector: una crisis laboral que se agrava cada año.