Las relaciones binacionales entre California y Baja California han qudado bajo tensión tras el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sancionó a una fracción del Cártel de Sinaloa con fuerte presencia en el vecino municipio mexicano de Playas de Rosarito.
El comunicado, emitido el 18 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó un señalamiento directo contra la exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, a quien se le acusa de haber facilitado el control del grupo criminal sobre dependencias municipales.
El informe oficial detalló que durante la administración de Brown, operadores del cártel, entre ellos el empresario Jesús González Lomelí y el político Candelario Arcega Aguirre, actuaron como intermediarios entre la entonces presidenta municipal y los hermanos Arzate, líderes de la facción de “Los Mayos”. Según la OFAC, este vínculo permitió al cártel asegurar protección institucional para sus operaciones de narcotráfico, extorsión y lavado de dinero en Rosarito.
“Los Mayos mantienen el control de un corredor clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a través de Rosarito y su entorno inmediato”, señaló el comunicado. La dependencia subrayó que, además de drogas sintéticas como el fentanilo, la facción se ha beneficiado del secuestro, la corrupción y el tráfico de migrantes.
Los vínculos entre autoridades locales y operadores criminales, expuestos en esta sanción, revelan el alcance de la penetración del Cártel de Sinaloa en Baja California. En el caso de Rosarito, el Tesoro estadounidense apuntó que durante la gestión de Brown se recaudaron pagos de extorsión en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública municipal.
El golpe financiero incluyó a cinco individuos y 15 empresas relacionadas con esta red, entre ellas bares y restaurantes muy conocidos en Rosarito, como el Bombay Beach Club y el Coco Beach Club, señalados de servir como fachadas para el lavado de millones de dólares. También fueron bloqueadas compañías de transporte y hotelería vinculadas a Arcega y González, considerados operadores financieros clave del cártel.
Además de estas sanciones, OFAC designó a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, como jefe del brazo armado de Los Mayos en Baja California. El Departamento de Estado había ofrecido dos días antes una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura, atribuyéndole secuestros, torturas y asesinatos al servicio del cártel. Asimismo, fue incluido Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos”, líder de la célula “Los Rugrats”, dedicada a la producción de fentanilo en Sinaloa.
La sanción se da en un contexto de mayor escrutinio en la frontera, tras la visita del subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EE.UU., John K. Hurley, a instalaciones fronterizas en California. Durante su recorrido, Hurley afirmó que el Cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista extranjera desde febrero pasado, “continúa envenenando a comunidades estadounidenses con fentanilo y corrompiendo a autoridades locales en México”.
Para expertos en seguridad regional, la designación de una exautoridad municipal en la lista negra del Tesoro estadounidense marca un precedente en la cooperación bilateral contra el narcotráfico, al exhibir cómo las estructuras criminales no operan en aislamiento, sino con la complicidad de actores políticos. El señalamiento, añadieron, también abre un frente incómodo para la relación entre ambos países, al evidenciar la fragilidad institucional en un municipio fronterizo cuya economía depende en gran parte del turismo proveniente de California.
El comunicado de OFAC refuerza la idea de que la frontera entre San Diego y Baja California no es solo un punto de intercambio comercial y cultural, sino también un terreno donde confluyen intereses criminales transnacionales que desafían a las instituciones de ambos lados de la línea.