Tras la aprobación de la Ley AB 692, California implementará a partir del 1 de enero de 2026 nuevas restricciones en los contratos laborales que buscan imponer deudas a los trabajadores. La norma, impulsada por el asambleísta Ash Kalra, prohíbe que los empleadores obliguen a sus empleados a pagar a la empresa, a proveedores de capacitación o a agencias de cobro si deciden terminar su relación laboral.

La medida surge después de años de presión de organizaciones como la California Nurses Association/National Nurses United y otros grupos de defensa de los derechos laborales, quienes denunciaban que prácticas conocidas como “Training Repayment Agreement Provisions” (TRAPs) podían atrapar económicamente a los empleados. Bajo estas cláusulas, los trabajadores se veían obligados a reembolsar costos de capacitación o pagar penalizaciones si dejaban el empleo antes de un período determinado.

Casos como el de PetSmart en 2022 llamaron la atención nacional. La compañía enfrentó una demanda colectiva en la Corte Superior de California por imponer a sus empleados acuerdos de entrenamiento que exigían pagar hasta 5,000 dólares si no permanecían en la empresa dos años, o 2,500 dólares si se retiraban tras un año. Este tipo de prácticas quedarán prohibidas con la entrada en vigor de la AB 692.

La ley también establece mecanismos legales claros para los trabajadores afectados. Cualquier empleado que sea sujeto de contratos que violen la nueva normativa podrá presentar demandas civiles en representación propia o de otros en situaciones similares. Los empleadores que incumplan podrían enfrentar sanciones que incluyen indemnizaciones por los daños reales sufridos o un mínimo de 5,000 dólares por trabajador, además de órdenes judiciales y cobertura de honorarios legales.

Los defensores de la medida destacan que este cambio busca equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores, limitando el uso de penalizaciones económicas como herramienta de retención. Al mismo tiempo, la ley establece excepciones para ciertos programas de reembolso de préstamos o credenciales educativas transferibles que no condicionen el empleo, garantizando que los trabajadores no se vean obligados a asumir deudas por formación no vinculada directamente a su puesto.

Con la aprobación de AB 692, California se convierte en el primer estado en prohibir explícitamente los contratos de “pago por permanencia”, una práctica criticada por expertos laborales por su potencial de explotación financiera. La legislación refleja un creciente interés en proteger la movilidad y autonomía de los trabajadores frente a obligaciones económicas impuestas unilateralmente por los empleadores.