La administración Trump abrió la puerta a un cambio profundo en la forma en que Estados Unidos evaluará las solicitudes de residencia permanente, al proponer que funcionarios migratorios puedan negar una “green card” a inmigrantes legales que hayan utilizado programas sociales como Medicaid, asistencia alimentaria o apoyos de vivienda.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la nueva propuesta elimina las regulaciones adoptadas en 2022 y restituye una interpretación amplia de la causal de “carga pública”, lo que daría a la agencia mayor discreción para valorar cualquier factor que considere relevante.
Según el DHS, las reglas vigentes —implementadas durante la administración Biden— “se apartan de la intención del Congreso e imponen criterios innecesariamente restrictivos”, al limitar la evaluación a quienes reciben asistencia en efectivo o cuidados prolongados bajo Medicaid.
La propuesta permitiría a los funcionarios negar residencias basándose en un uso más amplio de beneficios, e incluso en condiciones personales como la obesidad, lo que activistas consideran una ampliación preocupante del margen de decisión.
Especialistas advierten que el cambio podría reproducir los efectos que tuvo una norma similar emitida por la administración Trump en 2019, posteriormente anulada en tribunales, que generó miedo entre millones de inmigrantes y sus familias, quienes evitaron solicitar servicios esenciales pese tener derecho a ellos.
Se ha expresado que esta propuesta pone en riesgo la salud y la seguridad de las personas, además de abrir la puerta a decisiones arbitrarias, sesgos políticos y mayor confusión en un contexto de creciente presión sobre las comunidades migrantes.
La propuesta también contempla actualizar los procesos relacionados con la ruptura y cancelación de los bonos de “carga pública”, con el objetivo de alinearlos con el nuevo esquema regulatorio.
Para grupos de defensa de inmigrantes, esto amplía el impacto potencial sobre familias que utilizan apoyos de salud o alimentación, especialmente en estados como California, donde una proporción significativa de residentes legales de bajos ingresos depende de programas públicos.
El anuncio marca el inicio de un periodo de comentarios públicos de 30 días, tras el cual el DHS podrá modificar la propuesta, retirarla o convertirla en regla final. Hasta entonces, continuará vigente la regulación de 2022.
Organizaciones defensoras de inmigrantes llaman a gobiernos locales, legisladores y residentes a pronunciarse durante el proceso, advirtiendo que el retroceso regulatorio tendría consecuencias profundas en la estabilidad y el bienestar de las comunidades afectadas.