SAN DIEGO.- El 5 de marzo de 2001 el adolescente Charles Andrew Williams disparó quitando la vida de dos estudiantes e hiriendo a otras 13 personas.
El crimen ocurrió en el plantel educativo Santana High School, localizado en la comunidad de Santee, y el muchacho, de 15 años entonces,fue arrestado, despojado de un revólver calibre 22 y sentenciado de 50 años a cadena perpetua.
Este martes 6 de enero, sin embargo, Summer Stephan, Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, confirmó que un juez del Tribunal Superior respondió de manera afirmativa a la solicitud de la defensa para que se revise su sentencia original y se autorice una nueva sentencia.
Adelantó que esta decisión implicará el traslado del acusado al sistema judicial de menores y su liberación inmediata de prisión sin supervisión de libertad condicional ni la determinación previa de que dicha medida no representaría un riesgo para la seguridad pública.
SÓLIDOS ARGUMENTOS
En la audiencia, el juez escuchó sólidos argumentos legales de la fiscalía en contra de la celebración de una audiencia para una nueva sentencia para este asesino.
Los fiscales argumentaron que una condena de 50 años a cadena perpetua no representa el equivalente funcional de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
El juez, reconociendo la disparidad de criterios en los casos del Tribunal de Apelaciones sobre este asunto, aceptó la Fiscalía de Distrito, optó por seguir las decisiones de dicho tribunal y conceder la solicitud del recluso Williams para que se revise su sentencia.
No obstante, se anticipó que la Fiscalía presentará de inmediato una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito, División Uno, e intentará nuevamente impedir la liberación de Williams.
“Este acusado llevó a cabo un ataque calculado y a sangre fría en el que ejecutó a dos jóvenes estudiantes y disparó contra otros 11 estudiantes y dos funcionarios escolares, traumatizando para siempre a una comunidad”, consideró la Fiscal Stephan.
“GARANTIZAR LA JUSTICIA”
Puntualizó en este sentido la procuradora de justicia que “como fiscales, nuestro deber es garantizar la justicia para las víctimas y proteger la seguridad pública, y las crueles acciones del acusado en este caso siguen justificando la sentencia de 50 años a cadena perpetua que se le impuso”.
Discrepamos respetuosamente con la decisión del tribunal, dijo, y continuaremos nuestra lucha legal en el Tribunal de Apelaciones y, si fuera necesario, en la Corte Suprema.
Los fiscales, se dio a conocer, presentaron una sólida argumentación legal, liderada por la fiscal adjunta Nicole Roth, se informó, sosteniendo que la sentencia de 50 años a cadena perpetua no equivale a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Además, argumentaron que la ley le permite al acusado la posibilidad de obtener libertad condicional para jóvenes y para personas mayores en el futuro.
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