SAN DIEGO.- Una orden de que se realice una inspección de salud pública al Centro de Detención del ICE en Otay Mesa, fue ordenada por la presidenta de la Junta de Supervisores, Terra Lawson-Remer.
La instrucción fue girada por la funcionaria “ante el creciente número de muertes y las preocupaciones sobre la supervisión”.
Se recordó que los incidentes fatales de personas que se encontraban bajo custodia del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)han sido motivo de una creciente atención nacional.
Otro factor que ha influido para la instrucción de la presidenta del Consejo de Supervisores, se dijo, han sido “las limitaciones en la supervisión federal de los centros de detención de inmigrantes de Otay Mesa, de conformidad con la ley de California.
Se adelantó que la inspección será efectuada por funcionarios de salud pública del Condado, conforme a la Sección 101045 del Código de Salud y Seguridad de California.
Este ordenamiento legal, se recordó en un reporte de prensa, faculta a los condados a inspeccionar los centros de detención que operan dentro de la jurisdicción para garantizar el cumplimiento de las normas básicas de salud pública y saneamiento.
La también supervisora por el Distrito 3, Terra Lawson-Remer, dijo que “estamos viendo que las agencias federales actúan de forma imprudente y operan sin la debida rendición de cuentas”. Y agregó que “cuando esto sucede, los gobiernos locales tienen la obligación de proteger la salud pública y la confianza de la ciudadanía”.
“Estamos viendo que las agencias federales actúan de forma imprudente y operan sin la debida rendición de cuentas”, declaró Lawson-Remer. “Cuando esto sucede, los gobiernos locales tienen la obligación de proteger la salud pública y la confianza de la ciudadanía”.
Se dio a conocer que esta medida se produce en medio de numerosas informaciones acerca de “el creciente número de muertes bajo custodia del ICE, así como de las nuevas políticas federales que han restringido la supervisión independiente de los centros de detención”.
Y se concluye que “en conjunto, estos acontecimientos han suscitado nuevas preocupaciones sobre el acceso a la atención médica, las condiciones sanitarias y la transparencia en los centros de detención de inmigrantes en todo el país”.
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