SACRAMENTO, CA.- Ante el negativo impacto que están teniendo sobre las comunidades inmigrantes de California “los inflados presupuestos para el ICE, y profundos recortes federales y estatales a programas vitales como MediCal y CalFRESH, es fundamental asegurar ingresos adicionales y protección para nuestras familias trabajadoras”.
Lo anterior fue expresado en un reporte de la coalición comunitaria “We Are California”, WRCA, (Nosotros Somos California), que advierte que “mientras los continuos recortes presupuestarios dejan a las familias trabajadoras sin atención médica, alimentos ni servicios, las corporaciones siguen obteniendo enormes ganancias derivadas de la separación familiar y detención de familias”.
Y anticipando una serie de manifestaciones públicas para expresar su respaldo a los proyectos de ley AB 1633, iniciativa que propone grabar con un impuesto anual del 50% sobre los ingresos brutos a los centros privados de detención, empresas consideradas con fines lucro, donde son arrestados inmigrantes indocumentados, y son utilizados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, (ICE).
EN ANÁLISIS EN EL
SENADO ESTATAL
Este proyecto [i]legislativo ya fue aprobado por la Asamblea de California y fue presentado por el asambleísta Matt Haney y ahora está siendo analizado por el Comité de Ingresos e Impuestos del Senado.
Pero no es esta la única propuesta legislative que está siendo respaldada por la Coalición al que están integrados el Centro de Políticas de Californian (CIPC), el Caucus Legislativo de California, el Centro de la Fundación Sierra Health, la Junta de Acción Comunitaria del Condado de Santa Cruz: Salud Para la Gente y CHIRLA, entre otros muchos.
Se encuentran también el proyecto de ley estate AB 2465, que presentada por la asambleísta Liz Ortega, plantea prohibir el uso de fondos públicos para la separación familiar. De hecho, de aprobarse, prohibiría que las corporaciones y entidades comerciales que cuentan con contratos con el gobierno federal para el control migratorio, reciban beneficios, subvenciones, préstamos o créditos fiscales del estado de California.
De aprobarse el proyecto de ley AB 2465, prohibiría el uso de fondos públicos para separación familiar. Fuente de la foto: https://centerforjustice.org/launch-of-family
“CERRAR LAGUNA LEGAL”
Y finalmente, la iniciativa AB 1790, (presentada por el asambleísta Damon Connolly) busca, conforme al CIPC, copatrocinador de los tres proyectos, “cerrar la laguna legal en materia corporativa de Water’s Edge”
En esencia, la referencia a Water’s Edge es que es que es una corporación que paga impuestos solo por su actividad comercial realizada dentro del estado, sin importar las empresas que tiene fuera de California o del país.
Para la coalición estas corporaciones funcionan como ‘paraísos fiscales’ y al pagar los impuestos correspondientes, que ahora no cubren, al estado de California, generarían importantes ingresos que ahora se fugan.
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