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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) concretó la compra de dos de los principales centros privados de detención migratoria en California por un monto combinado de aproximadamente $1.5 mil millones, una operación que incluye el Centro de Detención de Otay Mesa, en el condado de San Diego.
De acuerdo con documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la transacción se cerró el 2 de julio e involucró la adquisición de las instalaciones que pertenecían a la empresa privada de prisiones CoreCivic.
El gobierno federal pagó $739.2 millones por el Centro de Detención de Otay Mesa, una instalación con capacidad para 1,994 personas, y $732.6 millones por el Centro de Detención de California City, ubicado en el condado de Kern, con capacidad para 2,560 camas.
Según CoreCivic, la venta generará aproximadamente $1.1 mil millones en ganancias netas para la compañía.
La empresa informó mediante un comunicado que continuará a cargo de la operación diaria de ambas instalaciones bajo los acuerdos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El contrato de ICE para el Centro de Detención de Otay Mesa está vigente hasta diciembre de 2029 e incluye una opción de extensión por cinco años adicionales. En el caso de California City, el acuerdo actual vence en agosto de 2027.
La adquisición permite al gobierno federal tener control directo sobre dos instalaciones utilizadas para operaciones de detención migratoria, sin depender a largo plazo del arrendamiento de propiedades administradas por compañías privadas.
El Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, ha sido durante años una de las principales instalaciones utilizadas por ICE para albergar a personas en procesos migratorios, incluidos casos relacionados con deportaciones.
Con la compra de estas dos instalaciones, el gobierno federal amplía su control sobre infraestructura clave para la aplicación de las leyes migratorias en California, mientras continúa el debate sobre el alcance, costo y manejo del sistema de detención de inmigrantes.
