BIG BEND, TX.– Después de meses de cambios en los planes oficiales, mapas que mostraron y posteriormente retiraron barreras físicas y un contrato federal de $1.7 mil millones identificado como destinado a la construcción del muro en la región de Big Bend, el comisionado de U.S. Customs and Border Protection (CBP), Rodney S. Scott, salió públicamente a precisar qué está haciendo la agencia en una de las zonas naturales más protegidas de la frontera entre Estados Unidos y México.
Scott afirmó que CBP está construyendo una nueva vía de acceso, mejorando carreteras existentes, instalando tecnología de detección y colocando barreras vehiculares en “ubicaciones estratégicas y limitadas”.
Pero hizo una precisión enfática: la agencia, dijo, “NO está construyendo un muro de 9 metros ni iluminación de estadio” a través de Big Bend National Park, Big Bend Ranch State Park o Black Gap Wildlife Management Area.
El comisionado atribuyó la confusión a los trabajos que actualmente pueden observarse en el terreno. Según Scott, se trata de “trabajos de topografía y diseño”, no de la construcción de un muro que atraviese los parques.
La declaración representa la posición actual de CBP, pero llega después de una serie de anuncios y modificaciones que durante meses ofrecieron señales distintas sobre la intervención federal en la región.
De un muro de 30 pies a barreras y tecnología
La controversia comenzó a intensificarse a principios de 2026, cuando la administración Trump abrió la posibilidad de construir una barrera fronteriza de aproximadamente 30 pies de altura en la región de Big Bend.
En febrero, el gobierno federal eximió la construcción fronteriza en el oeste de Texas de más de una veintena de leyes ambientales y de preservación histórica, una medida que despejó obstáculos legales para proyectos de barreras en la zona. The Texas Tribune reportó posteriormente que las áreas contempladas incluían Big Bend National Park y el parque estatal vecino.
La reacción fue inmediata y no quedó limitada a un solo sector político.
Sheriffs de cinco condados del oeste de Texas —Brewster, Culberson, Hudspeth, Presidio y Terrell— expresaron su oposición a una barrera física continua. De acuerdo con The Texas Tribune, los funcionarios argumentaron que, por su conocimiento del terreno, un muro continuo no constituiría necesariamente la alternativa más práctica o estratégica para la seguridad fronteriza.
En abril, los mapas oficiales de CBP mostraban que la construcción de un muro físico en Big Bend parecía haber quedado en pausa y que parte de la estrategia había sido sustituida por tecnología de detección.
La situación cambió nuevamente en mayo.
Scott declaró entonces que los planes para levantar un muro dentro de Big Bend National Park habían sido cancelados. El comisionado explicó que la agencia buscaba mantener una presencia efectiva de seguridad fronteriza mediante otras herramientas y señaló que colocar una barrera de 30 pies sobre algunas de las enormes formaciones rocosas del parque tendría poco sentido.
Sin embargo, pocos días después, CBP adjudicó un contrato federal por $1.7 mil millones cuya descripción oficial en la base de datos de gasto federal USAspending.gov lo identificó como destinado al “border wall in Big Bend, Texas”.
La magnitud y la descripción del contrato volvieron a generar dudas.
CBP explicó posteriormente que esos recursos estaban destinados a 17 millas de barreras vehiculares y caminos de patrullaje, además de 205 millas de sistemas de infraestructura y tecnología, y negó que el contrato significara que se levantaría un muro de 30 pies dentro de los parques de la región.
El mapa que volvió a encender la controversia
La incertidumbre aumentó nuevamente en julio.
Una actualización del llamado “Smart Wall Map” de CBP mostró planes para construir segmentos de una barrera de 30 pies de altura en aproximadamente dos millas de Big Bend Ranch State Park, particularmente en sus sectores occidentales próximos al Río Grande.
The Texas Tribune señaló que el mapa había sido modificado repetidamente durante meses: en diferentes momentos agregó y retiró planes de barreras para Big Bend y llegó incluso a desaparecer temporalmente del sitio de CBP.
En ese momento, CBP dijo que los proyectos en las inmediaciones de los parques seguían en etapa de planeación y que la agencia estaba concentrándose primero en zonas consideradas de mayor prioridad operacional.
La nueva declaración de Scott intenta cerrar precisamente ese espacio de incertidumbre: CBP sostiene ahora que los trabajos visibles corresponden a levantamientos y diseño, mientras que la infraestructura que sí contempla incluye caminos, tecnología y barreras vehiculares limitadas.
¿Por qué tanta oposición?
La tensión no se explica solamente por la presencia de un parque en la frontera.
Big Bend National Park es una unidad del National Park Service de aproximadamente 801,163 acres y comparte 118 millas de frontera internacional con México. El Río Grande constituye su límite sur y un tramo del río forma parte del sistema federal de Ríos Silvestres y Escénicos. El National Park Service señala que esta designación busca preservar el río en condiciones de flujo libre y protegerlo para el beneficio y disfrute de las generaciones presentes y futuras.
El propio National Park Service reconoce que la condición fronteriza del parque genera desafíos particulares porque la frontera política atraviesa un ambiente natural continuo. La agencia señala que las restricciones fronterizas han producido cambios importantes en la zona y que la frontera está sujeta a presiones políticas y sociales que continúan evolucionando.
Big Bend Ranch State Park también tiene una dimensión excepcional.
Texas Parks and Wildlife Department lo identifica como el parque estatal más grande de Texas, con más de 300,000 acres. Se extiende a lo largo del Río Grande entre las áreas de Presidio y Lajitas y conserva un paisaje desértico de gran extensión en la frontera con México.
Además, el parque está reconocido como International Dark Sky Park, una designación vinculada a la protección de sus cielos nocturnos. TPWD destaca precisamente sus cielos, montañas, cañones y aislamiento como parte de los atributos del parque.
Black Gap Wildlife Management Area, administrada por Texas Parks and Wildlife Department, tampoco es un espacio común. La zona comprende aproximadamente 103,000 acres, limita con Big Bend National Park y comparte alrededor de 25 millas del Río Grande con el estado mexicano de Coahuila. TPWD señala que el área se utiliza para investigación y proyectos de manejo de recursos naturales.
Por ello, la intervención de infraestructura fronteriza en estos lugares plantea una tensión entre dos objetivos públicos: la seguridad fronteriza y la conservación de espacios naturales de importancia nacional y estatal.
El problema de la iluminación
La referencia de Scott a que CBP tampoco está instalando “iluminación de estadio” adquiere relevancia porque la iluminación de alta potencia se convirtió en otra de las preocupaciones alrededor de los proyectos fronterizos.
DarkSky International informó en marzo que la región de Big Bend forma parte de una de las grandes áreas de cielos oscuros protegidos de Norteamérica. La organización señala que la Greater Big Bend International Dark Sky Reserve, reconocida en 2022, se extiende a ambos lados de la frontera y que la iluminación de alta potencia constituye una amenaza para estos cielos nocturnos.
La preocupación tampoco es únicamente estética.
DarkSky señala que el área proporciona hábitat para aves migratorias, murciélagos y otras especies que dependen de condiciones naturales de oscuridad, además de sostener actividades de turismo de naturaleza y observación astronómica.
Eso explica por qué la frase de Scott sobre las “stadium lights” no es un elemento menor de su aclaración: responde a una preocupación que ya había formado parte del debate público sobre la infraestructura fronteriza en la región.
Seguridad frente a conservación
CBP sostiene que la intervención responde a una necesidad de seguridad.
En su declaración, Scott afirmó que el objetivo es mejorar la capacidad de los agentes para detectar cruces ilegales, responder con mayor rapidez y auxiliar a visitantes en peligro. También argumentó que la agencia no permitirá que Big Bend sea utilizado por los cárteles para modificar sus rutas de operación.
Pero los antecedentes documentados muestran que la necesidad de intervenir físicamente en la zona ha sido objeto de cuestionamientos.
The Texas Tribune reportó que el Sector Big Bend es el menos activo de los nueve sectores de la Patrulla Fronteriza y que representó alrededor de 1.3% de las aprehensiones registradas en la frontera suroeste durante el año fiscal 2025. La misma publicación señaló que funcionarios de la administración Trump han descrito, pese a ello, la región como un área de alta entrada ilegal.
Ese contraste es uno de los elementos que mantiene abierto el debate: CBP considera que debe reforzar la capacidad de vigilancia en una zona fronteriza extensa y remota, mientras que opositores cuestionan si la magnitud de la infraestructura propuesta corresponde al nivel de actividad registrado y al costo ambiental y económico potencial.
La controversia ha llegado incluso a los tribunales. The Texas Tribune informó que organizaciones ambientalistas y el condado de Presidio presentaron demandas contra la administración Trump, argumentando que la construcción podría provocar impactos ambientales y aumentar riesgos de inundaciones.
La aclaración más reciente
En ese contexto, la declaración de Scott busca establecer una nueva línea oficial: CBP afirma que no está construyendo un muro de 30 pies ni instalando iluminación de estadio dentro de Big Bend National Park, Big Bend Ranch State Park o Black Gap Wildlife Management Area.
La agencia sí reconoce, sin embargo, que está desarrollando infraestructura.
La diferencia ahora está en su naturaleza y alcance: una nueva vía de acceso, mejoras de carreteras, tecnología de detección y barreras vehiculares en puntos que CBP califica como estratégicos y limitados.
La declaración del pasado 13 de agosto, no elimina las preguntas que provocaron la controversia. Los mapas de CBP han cambiado varias veces; el contrato de $1.7 mil millones continúa siendo parte del proyecto regional y las obras ya visibles han hecho que la discusión pase de los documentos de planeación al terreno.
En una región donde el límite internacional atraviesa un parque nacional de más de 800,000 acres, un parque estatal de más de 300,000 acres y un área de manejo de vida silvestre de aproximadamente 103,000 acres, la cuestión ya no es solamente si habrá o no un “muro”.
