SAN DIEGO.- “Aquí no”, repitieron este lunes familias, líderes comunitarios y religiosos que acompañaron este lunes a las supervisoras Paloma Aguirre y Terra Lawson-Remer en su llamado a terminar los acuerdos que permiten a ICE y CBP utilizar instalaciones del Condado de San Diego para entrenamiento con armas de fuego.
La Junta de Supervisores considerará el martes 18 de agosto una propuesta para impedir que agencias federales de control migratorio utilicen instalaciones del Condado, entre ellas el San Diego Regional Firearms Training Center, en Alta Road, Otay Mesa, y otra instalación en Camp Elliott, Miramar.
Y es que una investigación de Inewsource reveló acuerdos que permiten a ICE utilizar el centro de Alta Road desde 2021 y a CBP desde 2017. Desde 2024, ambas agencias han acumulado aproximadamente 3,350 horas de uso de las instalaciones.
“Pero, al final del día, esto se trata de aquello sobre lo que sí tenemos control, y sobre lo que tenemos control son las instalaciones del condado que son financiadas por los contribuyentes del condado de San Diego”, afirmó Aguirre durante la conferencia.
La supervisora rechazó además que una eventual cancelación de los acuerdos pueda responsabilizarse por nuevos retrasos en los cruces fronterizos. “Nosotros absolutamente no tenemos ningún poder ni control sobre lo que la administración federal decida hacer en cuanto a abrir o cerrar carriles”, sostuvo.
Esta discusión tiene su origen en que ICE reporta 16,368 remociones en su Área de Remoción de San Diego entre el 20 de enero de 2025 y el 1 de abril de 2026, según información entregada al congresista Mike Levin.
El argumento de las supervisoras encontró respaldo en testimonios de familias afectadas por las operaciones migratorias.
Maritza, una residente de Barrio Logan de 20 años, relató que agentes de ICE detuvieron a sus padres cuando ella tenía seis años y que su padre volvió a ser detenido en octubre de 2025. “Vivo con miedo cuando mis padres salen. Cada vez que salen de la casa, los abrazo como si fuera la última vez, porque simplemente ya no sé qué podría pasar”, dijo.
Brinkley Johnson, del Centro Papa Francisco, cuestionó que las agencias federales utilicen instalaciones del Condado para prepararse con armas mientras realizan operaciones migratorias. “ICE y CBP han estado realizando entrenamiento con armas de fuego, es decir, prácticas de tiro, en una instalación propiedad del condado”, afirmó.
Johnson agregó que las familias que atiende su organización viven con temor a que una interacción con agentes federales pueda terminar en lesiones o muerte. “La amenaza de violencia por parte de estos agentes federales es real. Como han escuchado, es tangible, es generalizada y causa un grave daño psicológico”, sostuvo.
Aguirre también cuestionó que recursos locales terminen respaldando operaciones federales de inmigración. “La gente de San Diego pagó por esas instalaciones. No pertenecen a nosotros, a la comunidad, y deberían reflejar nuestros valores, punto”, afirmó.
La conferencia terminó con los asistentes repitiendo “Aquí no”, mientras las supervisoras llamaron a la Junta a respaldar la propuesta. La decisión quedará ahora en manos de los cinco integrantes de la Junta de Supervisores, que este martes deberán determinar si las agencias federales de inmigración continuarán teniendo acceso a instalaciones de entrenamiento propiedad del Condado.
