SAN DIEGO.- Los distritos escolares de San Diego podrán recurrir a una nueva vía para incorporar temporalmente docentes de México y España a sus aulas a partir del próximo año, luego de que el gobernador Gavin Newsom promulgara una ley impulsada por el asambleísta estatal David Alvarez.
La AB 2056, denominada Binational Teachers Exchange Act, amplía el programa estatal de intercambio de maestros y autoriza a patrocinadores de visas J-1 a colocar educadores mexicanos en agencias educativas locales de California. La medida incluye a distritos escolares, oficinas de educación de los condados y escuelas charter.
Para San Diego, la medida adquiere particular relevancia por la composición lingüística de su población estudiantil y su relación transfronteriza con México.
Los datos más recientes del Departamento de Educación de California muestran que durante el ciclo escolar 2025-26 había 925,907 estudiantes aprendices de inglés en el estado. El español era, por amplio margen, el idioma más común entre ellos, con 733,268 estudiantes.
San Diego Unified registró 17,120 aprendices de inglés, mientras que Chula Vista Elementary contabilizó 7,479 y Sweetwater Union High School District otros 7,323. Cajon Valley Unified registró 6,565.
En conjunto, estos cuatro distritos del área de San Diego representan más de 38,000 estudiantes identificados actualmente como aprendices de inglés.
Respuesta a la escasez
Alvarez, representante del Distrito 80 de la Asamblea, que incluye comunidades como Barrio Logan, Logan Heights, City Heights, Otay Mesa y San Ysidro, además de Chula Vista, National City y Bonita, presentó la legislación como una respuesta a la falta de docentes bilingües.
“California enfrenta una demanda significativa y creciente de maestros bilingües acreditados, particularmente para la enseñanza español-inglés”, señala la explicación de la iniciativa publicada por la oficina de Alvarez.
La ley no crea un mecanismo para que los distritos contraten directamente y sin restricciones a cualquier maestro extranjero. Los docentes deberán participar mediante programas de intercambio y cumplir con los requisitos correspondientes, incluido el esquema de visas J-1.
El programa busca aprovechar, además, la experiencia de educadores mexicanos y su conocimiento lingüístico y cultural. Según la oficina de Alvarez, la incorporación de estos docentes también puede aportar metodologías educativas y experiencias de México a las aulas californianas.
Medida para reforzar
La nueva opción no sustituye los esfuerzos para formar docentes dentro de California.
La Oficina de Educación del Condado de San Diego mantiene un programa de Bilingual Authorization in Spanish (BILA) para preparar educadores que puedan trabajar en entornos bilingües y atender a estudiantes que hablan español. El programa fue desarrollado con participación de distritos escolares, instituciones de educación superior y maestros que trabajan en programas bilingües y de inmersión dual del condado.
La propia oficina del condado ha desarrollado iniciativas para mejorar la enseñanza de estudiantes aprendices de inglés. En 2025 puso en marcha el proyecto FIELD, destinado a capacitar a educadores para integrar la enseñanza del inglés durante la jornada escolar, en lugar de limitarla a clases separadas.
La estrategia de Alvarez contempla ambas vías. Además de AB 2056, su agenda legislativa incluye AB 2325, denominada Bilingual Teacher Pipeline Act, orientada a fortalecer las rutas de formación de maestros bilingües dentro del estado.
Impacto fronterizo
La nueva legislación llega en un momento en que California mantiene dificultades para cubrir puestos docentes. El Learning Policy Institute identifica la educación bilingüe entre las áreas en las que los distritos enfrentan problemas para encontrar maestros plenamente acreditados.
En San Diego, la conexión con México ofrece una particularidad que otros condados no tienen: la proximidad geográfica y una población escolar con fuertes vínculos lingüísticos y culturales con el país vecino.
La ley fue firmada por Newsom el pasado 24 de agosto y entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
