El Proyecto de Derechos Electorales de Unión Americana de Libertades Civiles (UCLA, por sus siglas en inglés) incorporó al excongresita Xavier Becerra y el ex presidente de la Asamblea de California, Anthony Rendón, a su equipo directive “para proteger el acceso al voto”.
Esta decisión se da en respuesta a las dos órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump, y que ahora se debatn en la Corte Suprema.
El propósito esencial de la más reciente es encomendar al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) la facultad para determinar “quién puede votar y quién no”, llamándolo a que rechace las papeletas electorales enviadas por las personas que no figuren en las listas federales de votantes por correo.
Además, advierte de sanciones penales para los funcionarios electorales (es decir, los carteros y otras personas) que envíen papeletas a quienes, conforme a la administración, no sean elegibles para votar.

SALTA ATRIBUCIONES
Sin embargo, esta es una determinación que históricamente ha correspondido al Registro Electoral federal y a los registros de los estados conforme a la ley federal electoral o estatal.
No obstante, UCLA A a través de su Proyecto de Derechos Electorales ha señalado que con las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump, un magnate empresarial emanado del Partido Republicano, “se intenta privar el derecho al voto a millones de electores en todo el país”, (pero) “centrándose especialmente en estados diversos como California al exigir pruebas documentales de ciudadanía estadounidense para votar en elecciones federales”.
TAMBIÉN EL GOBIERNO ESTATAL
En respuesta a esta medida que supone un extralimitación ejecutiva de gran alcance, sostiene la organización activista, el Proyecto de Derechos Electorales de UCLA (UCLA VRP) refuerza su misión de proteger el derecho al voto incorporando a dos de los servidores públicos más experimentados y respetados de California.
Vale recordar que a finales del reciente mes de agosto, el gobierno de California adelantó que “apelara ante la Suprema Corte de permitir que la Administración Trump siga adelante “en su plan de privar el derecho de voto a ciudadanos de todo el país”.
En el mismo contexto, solo destacar que el 29 de junio reciente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en una ajustada decisión, por 5 votos a 4, como válida la ley electoral vigente en California y otros 14 estados en los que se aplican criterios similares.
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