LOS ÁNGELES.- La entrada en vigor de una nueva regulación federal sobre la denominada “carga pública” generó preocupación entre organizaciones que trabajan con familias inmigrantes en California, que advierten sobre un posible efecto disuasorio en el acceso a alimentos, atención médica y otros servicios públicos.

La regulación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entró en vigor el 18 de septiembre y revocó las reglas adoptadas en 2022. El cambio permite a los funcionarios de inmigración considerar una gama más amplia de información sobre la situación económica y los beneficios públicos recibidos por determinados solicitantes de admisión o de ajuste de estatus.

La propia norma federal establece, sin embargo, que la recepción de beneficios por otros integrantes del hogar no se considera directamente para determinar si una persona es inadmisible por carga pública. En determinados casos, la situación económica que llevó a un familiar a solicitar beneficios puede formar parte de la evaluación de los recursos y circunstancias financieras del solicitante.

Durante una conferencia con medios realizada el lunes en Los Ángeles, organizaciones defensoras de los derechos de las familias, la seguridad alimentaria y el acceso a la salud señalaron que la incertidumbre alrededor de la nueva regulación podría llevar a algunas familias a dejar de solicitar servicios a los que tienen derecho.

“Esta regulación es un ataque directo contra las familias inmigrantes y una amenaza para la salud de millones de niños ciudadanos estadounidenses”, afirmó Adriana Cadena, directora ejecutiva de la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes.

Benyamin Chao, supervisor de políticas de salud y beneficios públicos del Centro de Políticas para Inmigrantes de California, sostuvo que la preocupación no se limita a las personas que podrían estar directamente sujetas a una determinación de carga pública.

“La administración federal recurre a políticas como la de carga pública para intimidar a las familias e impedirles acceder a los recursos a los que tienen derecho”, dijo Chao, quien pidió al estado proporcionar información precisa a las familias sobre el alcance de la nueva regulación.

Para las organizaciones de asistencia alimentaria, uno de los principales riesgos es que el temor a consecuencias migratorias reduzca la participación en programas de alimentación.

“El hambre no hace más que empeorar en nuestro estado”, afirmó Jackie Mendelson, defensora de políticas públicas de Nourish California. Señaló que las familias pueden verse obligadas a tomar decisiones entre solicitar ayuda alimentaria y evitar cualquier trámite que perciban como un posible riesgo migratorio.

Anna Marshall, subdirectora de Asuntos Federales de la Asociación de Atención Primaria de California, recordó que durante la aplicación de una política federal anterior sobre carga pública algunas familias dejaron de utilizar programas públicos, según estudios citados por las organizaciones.

“Cuando una familia se salta una revisión médica, una vacuna o una comida por miedo, toda la comunidad paga las consecuencias”, afirmó.

La regulación de 2026 sustituye el marco establecido en 2022, que limitaba los beneficios que podían considerarse en una determinación de carga pública. Bajo la nueva disposición, DHS recupera un margen de discreción más amplio para evaluar los factores económicos y las circunstancias individuales de determinados solicitantes.

La medida no se aplica a todas las personas inmigrantes ni a todos los beneficios públicos. El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) señala que la carga pública se evalúa solamente en determinados casos migratorios y recomienda a las personas consultar a un proveedor de servicios legales antes de modificar su acceso a atención médica, alimentos u otros apoyos.

El estado mantiene además una lista de organizaciones que ofrecen orientación sobre carga pública, incluidos proveedores con servicios en el condado de San Diego. Entre ellos se encuentran Legal Aid Society of San Diego, Jewish Family Service of San Diego y Alliance for African Assistance.

California también enfrenta cambios en programas de asistencia alimentaria. El CDSS informó que modificaciones federales a CalFresh ya redujeron la elegibilidad de algunos inmigrantes con presencia legal y modificaron las condiciones de participación en el programa durante 2026.