SAN DIEGO.- El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la Ley AB 1633, con lo que promulgó el primer impuesto del país a las empresas privadas de detención
de inmigrantes. “California ya no permitirá que las corporaciones se lucren encarcelando a nuestros vecinos sin compensar a las comunidades a las que perjudican”, señaló en un
reporte de prensa el Centro de Políticas para Inmigrantes
de California como reacción luego de que se anunció la firma del ejecutivo estatal.
Destacó la organización dedicada a la defensa de los inmigrantes del estado, que al firmar convirtiendo en ley esta iniciativa presentada por el asambleísta (Haney), se trata de “la primera ley” (en la nación) que impone un impuesto del 25% sobre los ingresos brutos de las corporaciones son fines de lucro que operan los centros de detención de inmigrantes”.
CREAN NUEVO FONDO
PARA DEBIDO PROCESO
Se dio a conocer que los ingresos obtenidos -producto de los impuestos que no habían estado pagando los Centros de Detención- se destinarían a un nuevo Fondo para el
Debido Proceso para Todos que brindará apoyo a los servicios de inmigración para las familias de California.
Masih Fouladi, director ejecutiva del Centro de Políticas para Inmigrantes de California, señaló que “las empresas privadas de detención ganan cientos de millones de dólares cada año en California separando a padres e hijos y encerrado a nuestros vecinos en condiciones inhumanas”.
El Centro de Políticas para Inmigrantes de California (CIPC) y sus 220 socios de la coalición agradecieron “al gobernador Gavin Newsom y al asambleista Mat Hanney
por convertir a California en el primer estado del país en exigir responsabilidades a esta industria a través de nuesttro código tributario”.
AHORA LA AB 2465
CIPC también hizo un llamado al gobernador para que firme el proyecto de ley AB 2465 (del asambleísta Ortega), la Ley de Prohibición de Fondos Públicos para la Separación Familiar, antes de la fecha límite del 30 de septiembre.
El Centro de Políticas para Inmigrantes de California subrayó que su aprobación “haría que las empresas que se benefician de la detención de inmigrantes no sean
elegibles para subvenciones préstamos ni créditos fiscales estatales.
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