Por Fanny Miller*
En su entrevista con 60 Minutes, transmitida el 8 de noviembre, el presidente Donald Trump reconoció que su política de deportaciones había sido demasiado dura y que le había perjudicado en lo electoral. Mencionó la expulsión de inmigrantes con empleo y expresó su disposición a negociar con los demócratas una solución para algunas personas que llevan años en el país.
La dureza de su política hacia los latinos y los inmigrantes no comenzó cuando aparecieron las consecuencias electorales. Desde el principio, su enfoque ha sido excesivamente punitivo, acompañado de un discurso que estigmatiza y alimenta la sospecha hacia comunidades enteras.
Lo preocupante es que el reconocimiento llegue ligado al costo político. ¿Y el costo humano? ¿Dónde quedan las familias separadas, los años de trabajo y la angustia de quienes no saben si podrán regresar a casa al terminar su jornada?
El sufrimiento de una comunidad debería bastar para exigir una corrección, aunque no cueste un solo voto.
Cuando el presidente habla de quienes limpian hoteles, atienden restaurantes o cuidan jardines, parece reconocer su valor cuando hace falta su trabajo. Pero los inmigrantes merecen respeto más allá de lo que producen. Son madres, padres, vecinos y miembros de nuestras comunidades. Su dignidad no está sujeta a las necesidades del mercado laboral ni a la conveniencia de una campaña.
También hay razones concretas para desconfiar del cambio de tono. Tras la entrevista, Trump eligió como jefe de gabinete a Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de su política migratoria. Esa decisión obliga a preguntarse qué intención de cambio existe cuando se fortalece a quienes diseñaron el rumbo que ahora se reconoce como demasiado duro.
Si el presidente quiere que sus palabras tengan credibilidad, debe respaldarlas con hechos: respeto al debido proceso, trato digno, decisiones individuales y una negociación seria sobre vías de regularización para quienes han construido su vida aquí.
El Congreso también debe responder. Republicanos y demócratas tienen la obligación de construir una solución duradera y dejar de utilizar a las familias inmigrantes como instrumento de negociación electoral.
Reconocer el daño exige asumir responsabilidad y cambiar las decisiones que lo provocan. Una entrevista no repara una separación familiar ni devuelve la tranquilidad.
Después de tanta hostilidad, la confianza no se exige: se gana. Y en materia migratoria, señor presidente, ver para creer.
* Fanny Miller es presidenta y CEO de Latinas & Associates, Inc., editora de El Latino-San Diego y fundadora de Celebrando Latinas, una de las principales conferencias nacionales en español. Email fanny.miller@ellatino.net
