Reportes judiciales indican que el juicio por la muerte de Arabella McCormack podría retrasarse y no iniciar sino hasta finales de 2026 como mínimo, debido a la complejidad del caso y a los procedimientos legales previos al juicio.
Arabella, una niña de 11 años residente en Spring Valley, murió el 30 de agosto de 2022 luego de ser trasladada a un hospital, donde médicos detectaron condiciones extremas de desnutrición, múltiples fracturas y lesiones físicas severas. Las investigaciones señalan que la menor habría sido sometida durante años a tortura, golpizas y privación de alimentos por parte de su familia adoptiva.
Las dos hermanas menores de la víctima sobrevivieron, pero también fueron hospitalizadas por severas condiciones de malnutrición. Posteriormente, ambas fueron retiradas del hogar y colocadas bajo protección del sistema de bienestar infantil.
Sigue en tribunales
En el caso criminal, la madre adoptiva, Leticia McCormack, enfrenta cargos por asesinato, tortura y abuso infantil. También fueron acusados Stanley Tom, abuelo adoptivo, y Adella Tom, abuela adoptiva, quienes enfrentan cargos relacionados con tortura y crueldad contra un menor.
Los tres acusados se han declarado no culpables y permanecen a la espera del juicio.
El padre adoptivo, Brian McCormack, también era investigado y se preparaba para enfrentar cargos penales. Sin embargo, murió por suicidio pocas horas después del fallecimiento de la menor, mientras autoridades realizaban diligencias relacionadas con el caso.
Evidencias “insuficientes”
Documentos revisados durante las investigaciones señalan que trabajadores de servicios sociales del Condado de San Diego habían evaluado previamente posibles señales de abuso en el hogar, pero concluyeron que no existía evidencia suficiente para intervenir en ese momento.
Estas conclusiones forman parte de los cuestionamientos que posteriormente dieron origen a una demanda civil presentada en 2023 en representación de las hermanas sobrevivientes.
Graves omisiones
La acción civil sostiene que múltiples instituciones y personas pudieron haber detectado indicios del abuso, pero no cumplieron con su obligación legal de reportarlo.
Entre los demandados se incluyó a la Ciudad de San Diego, señalada por presuntamente no actuar pese a tener conocimiento de posibles abusos y por acusaciones de que un oficial policial habría proporcionado instrumentos utilizados como castigo.
El Condado de San Diego acordó pagar 10 millones de dólares como parte de un arreglo civil. Pacific Coast Academy —escuela chárter encargada de supervisar la educación en casa de las menores— llegó a un acuerdo por 8.5 millones de dólares.
La congregación religiosa Rock Church, donde Leticia McCormack participaba como líder voluntaria, aprobó un acuerdo de 3 millones de dólares. Además, un oficial de policía y un capellán del departamento de bomberos también fueron mencionados en la demanda por presuntamente no reportar señales de abuso.
En conjunto, los acuerdos civiles superan los 30 millones de dólares destinados a compensar a las hermanas sobrevivientes. Algunos acuerdos ya fueron aprobados judicialmente, mientras que otros requirieron procesos adicionales de ratificación administrativa.
Fallas bajo análisis
La demanda sostiene que diversas personas y organizaciones pudieron haber observado señales evidentes de maltrato, incluyendo signos visibles de malnutrición, visitas de personal educativo y religioso al domicilio, y evaluaciones previas de servicios sociales que no derivaron en medidas de protección.
Especialistas en protección infantil han señalado que el caso expone posibles fallas en los sistemas de supervisión, particularmente en la educación en casa y en el cumplimiento de las leyes que obligan a ciertos profesionales a reportar sospechas de abuso infantil.