SAN DIEGO.- De $10,6 millones anunciados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) en subvenciones para ayudar a las comunidades costeras y de los Grandes Lagos a proteger la salud de los bañistas este verano, sólo $536,000 llegarán a California.
Dichos fondos deben ser destinados por los estados, tribus y territorios para realizar programas de notificación pública y monitoreo de la calidad del agua para sus playas.
Como una buena intención queda la entrega de estos recursos por parte de la EPA, ante un tema que en los últimos meses concentra una de las preocupaciones más importantes para residentes y autoridades de South Bay, solo a finales de mayo, el alcalde de Coronado, Richard Bailey, explicó frente a manifestantes de la comunidad de Coronado que ya hay un estigma en la zona de que al menos 12 millas de costa registran alto nivel de contaminantes y precisó que si bien, la Agencia de Protección Ambiental comprometió en 2020 $300 millones para mitigar la contaminación por flujo transfronterizo son necesarios otros $300 millones para un proyecto que trataría las aguas residuales que cruzan desde el Río Tijuana.
La asignación de recursos para monitoreos, fue dada a conocer mediante un comunicado donde se precisa que Radhika Fox, administradora adjunta de agua de la EPA, mencionó que ante el gusto de “muchas personas por pasar tiempo en el verano chapoteando, nadando y jugando en su playa favorita, la EPA está proporcionando más de $10 millones para ayudar a los estados y socios locales a monitorear la calidad del agua. Estas subvenciones ayudan a los estados, las tribus y los territorios a financiar programas para garantizar que nuestras aguas costeras sean seguras para la natación y la recreación”.
El documento indica que “bajo la Ley de Salud Costera y Evaluación Ambiental de las Playas (BEACH), la EPA otorga subvenciones a los solicitantes estatales, tribales y territoriales elegibles para ayudarlos a ellos y a sus socios del gobierno local a monitorear la calidad del agua en las playas costeras y de los Grandes Lagos. Cuando los niveles de bacterias son demasiado altos para nadar con seguridad, estas agencias notifican al público y publican advertencias o cierres de playas.
Refiere además que “desde 2001, la EPA ha otorgado casi $216 millones en subvenciones de la Ley BEACH para analizar las aguas de las playas en busca de bacterias que causan enfermedades y ayudar con la notificación pública y la identificación del problema. Este programa es fundamental para proteger la salud de los bañistas de todo el país”.