“El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los criminales ilegales: VÁYANSE AHORA. Si no se van, los cazaremos, los arrestaremos y podrían terminar en esta prisión salvadoreña”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, el 26 de marzo durante su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.
La funcionaria realizó este pronunciamiento como parte de su gira por El Salvador, Colombia y México, en la que busca reforzar la cooperación en materia de seguridad y migración.
Su mensaje enfatizó que en la administración de Donald Trump se considera la migración irregular como una amenaza a la seguridad nacional, vinculando la permanencia de ciertos extranjeros en el país con el concepto de criminalidad.
Ser “criminal” según la legislación de EE.UU.
En el marco legal estadounidense, el término criminal abarca una amplia gama de delitos, desde infracciones menores hasta crímenes graves.
Esta clasificación difiere de la que manejan otros países, donde algunas conductas pueden ser sancionadas administrativamente sin consecuencias penales.
Sin embargo, aquí en EE.UU., ciertos delitos pueden generar antecedentes criminales con efectos directos en el estatus migratorio de las personas, incluyendo la revocación de visas, la negación de residencia permanente e incluso la deportación.
De acuerdo con el Immigration and Nationality Act (INA), los delitos que pueden derivar en la expulsión de un no ciudadano incluyen:
- Conducir bajo la influencia del alcohol o drogas (DUI/DWI): Según Shouse Law Group, aunque una condena aislada por DUI generalmente no lleva a la deportación, múltiples infracciones o casos con agravantes pueden tener serias repercusiones migratorias.
- Fraude y falsificación de documentos: El uso de documentos falsos, como un número de Seguro Social ajeno, es un delito federal que, de acuerdo con el U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), puede derivar en la deportación inmediata.
- Reingreso irregular tras deportación: El Departamento de Justicia establece que intentar ingresar nuevamente a EE.UU. después de una expulsión es un delito grave que puede conllevar penas de prisión y la prohibición permanente de reingreso.
- Violencia doméstica: De acuerdo con el INA, una condena por este delito puede ser motivo suficiente para la remoción del país.
- Robo y hurto: Según U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), la comisión de un delito de robo puede ser considerada un crime involving moral turpitude (CIMT), lo que podría desencadenar un proceso de deportación.
A diferencia de EE.UU., en varios países de América Latina y Europa, algunas de estas infracciones no necesariamente conllevan sanciones penales graves ni afectan el estatus migratorio de los extranjeros.
Sin embargo, la legislación estadounidense las clasifica dentro de su marco penal, reforzando la narrativa de la administración Trump sobre la expulsión de extranjeros con antecedentes criminales.
La gira de la secretaria Noem
El 26 de marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, inició su gira en El Salvador con un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), acompañada por el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro.
Posteriormente, sostuvo una reunión con el presidente Nayib Bukele, en la que abordó temas de seguridad y cooperación en materia migratoria.
Este jueves 27, Noem visita Colombia para reunirse con la canciller Laura Sarabia, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, el director de Migración Nigeria Rentería y el general de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana.
Durante los encuentros, se discuten estrategias para fortalecer la seguridad en la región y el control de flujos migratorios.
Una reunión con el presidente Gustavo Petro está en la agenda para analizar medidas conjuntas para enfrentar la migración irregular y el crimen transnacional.
Para el 28 de marzo, la funcionaria tiene previsto continuar su gira en México, donde se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente.
En este encuentro, se espera que la secretaria refuerce el mensaje del gobierno estadounidense sobre la necesidad de colaboración en temas de seguridad fronteriza y repatriaciones, alineado con las políticas migratorias de la administración Trump.