Tras el tiroteo perpetrado por un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., las autoridades migratorias de Estados Unidos reactivaron un mecanismo complejo de revisión para solicitudes de inmigración provenientes de 19 países catalogados como de “alto riesgo”.
La medida —incorporada por el U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) mediante nueva guía— habilita a los oficiales para que, de forma inmediata, apliquen factores negativos específicos según el país de origen en sus evaluaciones.
La norma se alinea con la Presidential Proclamation 10949, emitida en junio de 2025, que restringe o limita la entrada de personas de determinadas nacionalidades con el fin de proteger la seguridad nacional y la seguridad pública.
Los 19 países incluidos son:
- Con suspensión total de entrada: Afganistán; Birmania (Myanmar); Chad; República del Congo; Guinea Ecuatorial; Eritrea; Haití; Irán; Libia; Somalia; Sudán; Yemen.
- Con restricción parcial: Burundi; Cuba; Laos; Sierra Leona; Togo; Turkmenistán; Venezuela.
El fundamento para incluir estos países combina varios criterios. Entre ellos se señala la incapacidad, o la falta de cooperación confiable, de sus gobiernos para emitir documentos de identidad seguros o certificados de identidad civil. Esa deficiencia dificulta la verificación de identidad y antecedentes de solicitantes.
Además, muchos de estos países registran altas tasas de “visa overstays” —es decir, personas que permanecen en Estados Unidos más allá del tiempo autorizado—, lo que incrementa el riesgo de estancia ilegal.
Otro elemento clave es la falta de cooperación de algunas de estas naciones para aceptar de vuelta a ciudadanos removibles. Esto, junto con antecedentes de presencia de grupos extremistas en ciertos territorios (como sucede con algunos países listados), motivó la decisión de considerar su origen como un factor decisivo en las evaluaciones de inmigración.
Con la nueva guía de USCIS, las solicitudes de personas de estos países estarán sujetas a un escrutinio más exhaustivo, con mayores requerimientos de documentación, verificaciones de antecedentes más estrictas y posible demoras o denegaciones cuando los criterios de seguridad —identidad, historial, riesgo — no puedan ser comprobados satisfactoriamente.
Este cambio abrupto tiene ramificaciones importantes para migrantes, solicitantes de residencia permanente, refugiados y quienes aún inician trámites de inmigración: la nacionalidad de origen pasa a ser un factor determinante, y la evaluación individual será más rigurosa que en tiempos recientes.