CONDADO DE SAN DIEGO.- Una queja administrativa ante el Inspector General en exigencia de que se haga una revisión inmediata de la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ((CBP) respecto al trato que se da a personas embarazadas detenidas en CBP y en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, fue interpuesta por la Fundación la Unión de Libertades Civiles de los Condados de San Diego e Imperial (ACLUF-SDIC) y el Centro de Derechos Fronterizos de la mencionada organización activista.
Enumeró ACLU San Diego-Imperial que “entre marzo y julio de 2019, el personal de ACLUF-SDIC entrevistó a más de 100 personas poco después de su liberación de la custodia de CBP, documentando numerosas cuentas inquietantes de abuso y maltrato, incluido el abuso de personas que estaban embarazadas durante la detención”.
Antecedente
La demanda se presenta luego de que el gobierno federal anunciara que negaría visas a mujeres embarazadas sobre las cuales se sospeche que entrarían al país con la intención de que sus hijos nazcan en territorio estadounidense.
La organización ejemplifica con el caso de una mujer embarazada quien, afirma ante investigadores de ACLU “que un agente de la Patrulla Fronteriza la golpeó repetidamente contra una valla de alambre. Otra mujer dijo que experimentó un aborto espontáneo mientras estuvo detenida en una instalación de la Patrulla Fronteriza durante 12 días, pero que no recibió ningún producto de higiene ni atención médica”.
“Son vulnerables”: ACLUF-SDIC
“CBP rutinariamente no trata a sus detenidos vulnerables con la dignidad y el respeto que todas las personas merecen”, dijo Mitra Ebadolahi, abogada principal del ACLUF-SDIC. “Cualquier persona que esté embarazada requiere mayor atención médica. Los centros de detención de CBP y la Patrulla Fronteriza son categóricamente inadecuados para proporcionar este nivel de atención “.
Se adelantó en el mismo sentido que la queja administrativa es la primera de las cuatro que ACLU presentará en las próximas semanas. Las quejas posteriores abordarán el maltrato de niños enfermos, la separación familiar y el abuso verbal denunciado por personas detenidas en las instalaciones de CBP y la Patrulla Fronteriza.
En las cuatro quejas, la recomendación prioritaria de la ACLU es que ningún individuo permanezca recluido en los centros de detención de CBP o de la Patrulla Fronteriza por más tiempo que el requerido para el procesamiento inicial, que en ningún caso debe exceder las 12 horas.