SAN DIEGO.- “En una decisión unánime hoy, tomamos medidas para declarar una crisis humanitaria urgente, instando al Gobierno Federal a intervenir con recursos y medidas adicionales”, declaró la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Nora Vargas.
Mediante una carta pública, se manifiesta que “el gobierno federal debe priorizar la reparación de nuestros fallidos sistemas de asilo e inmigración debido a décadas de inacción del Congreso. Esta inacción ejerce presión sobre los gobiernos locales y las ONG, obstaculizando el crecimiento económico”.
“A través de esta carta de la junta, estamos dando un paso más para que nuestro condado dé prioridad a la solicitud de fondos federales”.
El documento enfatiza el deber moral que tiene el condado de “abordar esta crisis y hacemos un llamado a nuestros socios federales para que se unan a nosotros en este esfuerzo crítico”.
La declaración oficial inicia haciendo alusión a la difícil decisión que representa para las personas dejar sus lugares de origen “en busca de una vida mejor y más segura”.
“Como presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, estoy comprometida a abordar las terribles condiciones humanitarias de los solicitantes de asilo, mientras abogamos incansablemente por el apoyo federal. Si bien mis colegas y yo podemos tener diferencias fundamentales, nuestra convicción compartida radica en la necesidad de recursos federales para nuestra comunidad”.
Enfatiza también la labor de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) para estar “en primera línea… facilitando su reunificación segura con sus familiares en sus destinos previstos”. “Es imperativo aumentar los recursos federales para garantizar que nuestra región pueda priorizar la dignidad y la seguridad de los solicitantes de asilo. Los solicitantes de asilo tienen el derecho legal de estar aquí. Según la ley de inmigración de Estados Unidos, una persona a la que se le concede asilo puede permanecer legalmente en el país sin temor a ser deportada”.
Vargas señala que están en busca de “limitar el número de solicitantes de asilo liberados en nuestra región o, alternativamente, asegurar los recursos requeridos por nuestros socios no gubernamentales para gestionar eficazmente su viaje a sus destinos finales”.