Una semana particularmente difícil atraviesan las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil en América Central, tras las recientes decisiones tomadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.
Apenas dos semanas después de que Estados Unidos congeló la ayuda exterior destinada a la región, se ha anunciado una reducción drástica de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), la cual será integrada al Departamento de Estado. Este giro de políticas, con consecuencias directas para los socios en la región, ha desatado preocupaciones entre quienes luchan por la defensa de los derechos humanos y por la estabilidad social.
En este contexto, Ana María Méndez Dardón, Directora para América Central de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expresó que, aunque la presencia de la USAID en América Central ha sido históricamente un tema complejo, en los últimos años sus programas han sido fundamentales para financiar esfuerzos que combaten la corrupción, fortalecen el estado de derecho, brindan asistencia humanitaria y apoyan a la sociedad civil.
Estos programas han sido cruciales para enfrentar las causas estructurales de la migración, y la reducción de los fondos destinados a estas iniciativas amenaza directamente el trabajo necesario para prevenir el desplazamiento forzado, explicó Méndez Dardón.
Mientras tanto, la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a varios países de la región, ha intensificado el debate sobre los intereses geopolíticos de la administración Trump.
Rubio se reunió con líderes de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y la República Dominicana, abordando temas como la migración, el narcotráfico y la seguridad, y centrando gran parte de su agenda en contrarrestar la creciente influencia de China en la región, con especial atención al Canal de Panamá.
Uno de los temas más candentes durante su visita fue, sin duda, la migración. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, acordó aumentar en un 40% los vuelos de deportación y aceptará la repatriación de migrantes no guatemaltecos, una medida que ha generado controversia.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ofreció una de sus mega prisiones para alojar a inmigrantes criminales, incluyendo ciudadanos estadounidenses condenados, una propuesta que ha provocado rechazo, especialmente por las graves violaciones de derechos humanos en las prisiones del país, bajo el modelo de seguridad impulsado por el gobierno salvadoreño.
Ante estos eventos, Ana María Méndez Dardón, como directora de WOLA para la región, ha reiterado el compromiso de la organización con la protección de los derechos humanos, la democracia y el fortalecimiento de la sociedad civil en América Central.
“Seguiremos presionando al gobierno de Estados Unidos para que mantenga sus sanciones individuales contra actores involucrados en actos de corrupción, violaciones graves de derechos humanos y ataques contra la democracia. Esta es una política que hemos apoyado durante mucho tiempo, ya que promueve la rendición de cuentas y lucha contra la impunidad”, afirmó la directora.
Frente a estos desafíos históricos y emergentes, WOLA, bajo la dirección de Méndez Dardón, junto con otras organizaciones internacionales, también ha instado al gobierno de Guatemala a garantizar la justicia en casos emblemáticos de derechos humanos, como el caso de justicia transicional de Molina Theissen, exigiendo el respeto a los principios fundamentales de justicia.
A pesar de las adversidades, las organizaciones en la región continúan su lucha por los derechos humanos, sabiendo que el camino por recorrer será largo y lleno de obstáculos. Como subrayó Ana María Méndez Dardón, “Nuestro trabajo sigue adelante frente a los desafíos, y seguimos firmes en nuestro compromiso con la justicia y la defensa de los derechos fundamentales de las personas en la región”.
