SAN DIEGO.- Un grupo de representantes y miembros de la comunidad se unieron este lunes para denunciar lo que consideran una amenaza a los programas sociales que son fundamentales para las familias de bajos ingresos.
La ocasión marcó el inicio de una serie de manifestaciones en contra de los recortes presupuestarios propuestos en el Congreso de Estados Unidos, los cuales, según los oradores, afectarán a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La alarma fue lanzada por Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, quien en su intervención destacó la importancia de frenar las reformas propuestas.
Guerrero subrayó que el proyecto de ley del Congreso, que contempla enormes exenciones fiscales para los ricos, recortaría fondos vitales destinados a programas como Medicaid, asistencia alimentaria y ayuda para la educación.
Según Guerrero, estos recortes podrían llevar a la “gente común en una democracia” a enfrentar una situación insostenible, en la que el gobierno de los pueblos se vería opacado por el poder de los multimillonarios.
Hiram Soto, miembro de la comunidad afectada destacó cómo los recortes impactarían a las familias, mencionando que aquellos que enfrentan dificultades económicas, como los padres de niños en edad escolar, no podrían cubrir sus necesidades básicas, como la alimentación, la educación y la atención médica.
“Este presupuesto no solo es un retroceso, sino que demuestra que las políticas de ‘goteo’ y las promesas de crear oportunidades a través de los recortes fiscales no han funcionado”, afirmó Soto. Además, destacó la importancia de un sistema de bienestar social que apoye a quienes más lo necesitan.
Por su parte, Maria Núñez, miembro del Concejo Municipal de San Marcos, también se sumó a la protesta.
Núñez, quien creció en San Marcos y es testigo de las dificultades que enfrentan las familias trabajadoras, denunció cómo los recortes a la educación pública y otros programas esenciales amenazan el acceso de los jóvenes a una educación de calidad.
La concejal resaltó que muchas personas en su comunidad, particularmente los trabajadores agrícolas, dependen de los servicios públicos para mejorar su calidad de vida y brindar mejores oportunidades a sus hijos.
“Lo que estamos defendiendo es la posibilidad de que nuestros niños tengan un futuro, y eso solo es posible si los programas de apoyo siguen existiendo”, afirmó Núñez.
Monica Montgomery Steppe, supervisora del condado de San Diego, fue otra de las voces críticas en este encuentro.
Montgomery centró su intervención en los impactos negativos que los recortes tendrían sobre la salud pública. “Más de un millón de personas en el condado de San Diego dependen de Medicare para la atención médica, y este proyecto de ley pone en riesgo su acceso a servicios esenciales”.
Aseguró que los recortes también afectarían a miles de jóvenes que ya enfrentan inseguridad alimentaria y nutricional. En su discurso, Montgomery denunció lo que considera una injusticia: “Este proyecto de ley no es una cuestión de responsabilidad fiscal, es una transferencia de riqueza de los trabajadores hacia las grandes corporaciones y los multimillonarios”, sostuvo.
Chris Kennison, miembro de la comunidad afectada, residente del distrito 52 representado por Juan Vargas, ofreció un testimonio personal sobre cómo los programas gubernamentales han sido cruciales para su vida y la de su familia.
Kennison, quien es estudiante y trabaja en varios empleos, explicó cómo los beneficios de asistencia alimentaria y los programas educativos le han permitido continuar con su educación y mantener a su familia.
“Estos recortes empujarán a las personas a la pobreza, y lo peor es que afectan a quienes más luchan por salir adelante”, expresó Kennison con preocupación.
El mensaje de los participantes fue claro: los recortes propuestos en el Congreso no solo representan un cambio en las políticas fiscales, sino una amenaza directa al bienestar de los ciudadanos más vulnerables.
