SAN DIEGO.- A solo unos días de cumplirse quince años de la brutal golpiza que derivó en la muerte de Anastasio Hernández Rojas a manos de agentes fronterizos en San Ysidro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado estadounidense es responsable de su asesinato, así como de encubrir el crimen y negar justicia a su familia.
Anastasio, un inmigrante mexicano de 42 años originario de San Luis Potosí, fue atacado el 28 de mayo de 2010 con una macana eléctrica por un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), mientras se encontraba inmovilizado en el suelo.
El hecho ocurrió cuando intentaba regresar al país donde vivió durante 26 años, luego de haber sido deportado por una infracción de tránsito. Tres días después, el 31 de mayo, falleció tras quedar en estado de coma y sufrir un paro cardíaco.
La CIDH concluyó que agentes estadounidenses torturaron a Hernández Rojas, usaron fuerza excesiva, lo discriminaron por su origen étnico, obstruyeron la investigación y privaron a su familia de acceso a la justicia.
El pasado miércoles 30 de abril el organismo ordenó reabrir el caso penal contra los oficiales implicados y pidió al gobierno de EE.UU. reformar sus leyes y prácticas para prevenir abusos similares.
“La Comisión sostiene al gobierno de Estados Unidos como responsable de la muerte de Anastasio y del encubrimiento que siguió”, escribió el miércoles Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego y abogada de la familia Hernández Rojas, en una publicación en redes sociales.
Guerrero añadió que el caso “tiene implicaciones de gran alcance sobre el uso de la fuerza en Estados Unidos”.
Pedro Ríos, director del American Friends Service Committee, recordó en un mensaje público que conoció a la familia de Anastasio en medio del dolor: “El asesinato de Anastasio representó el sufrimiento colectivo de una comunidad entera, porque los agentes fronterizos habían operado durante décadas con impunidad”.
Según Ríos, durante la investigación los oficiales “manipularon pruebas, borraron videos y mintieron a las autoridades”.
Hernández Rojas dejó cinco hijos, entre ellos mellizos que en ese entonces tenían cuatro años. Su pareja, María Puga, ha encabezado una larga lucha por justicia, convirtiéndose en símbolo de resistencia para miles de familias migrantes.
La decisión de la CIDH se torna como un hecho histórico en la defensa de los derechos humanos de personas migrantes y en el combate contra los abusos sistemáticos cometidos en la frontera.
“Esta decisión representa un grado de justicia que nunca fue posible en Estados Unidos”, subrayó Ríos. La resolución de la CIDH también reconoce que Anastasio “merecía respeto y dignidad como cualquier otro ser humano”, algo que durante más de una década le fue negado.
El caso de Hernández Rojas ha sido clave para visibilizar los excesos de la Patrulla Fronteriza y ha impulsado campañas para exigir mayor transparencia y responsabilidad institucional. Su nombre, repetido en protestas, murales y discursos, se ha convertido en consigna: Anastasio Hernández Rojas, ¡presente!