SAN DIEGO.- El desmantelamiento del proyecto de ley AB 379, que buscaba tipificar como delito grave en California la compra de menores de 16 y 17 años con fines sexuales, ha generado una fuerte reacción entre defensores de víctimas, autoridades judiciales y organizaciones comunitarias.
Durante una audiencia reciente, el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea eliminó la disposición clave del proyecto, pese al amplio respaldo ciudadano y bipartidista que había logrado.
La fiscal de distrito del condado de San Diego, Summer Stephan, una de las principales impulsoras de la iniciativa, calificó la decisión como “una traición a los niños más vulnerables del estado”.
“Durante más de una década, he luchado para asegurar que quienes compran niños con fines sexuales rindan cuentas plenamente ante la ley”, afirmó Stephan en una declaración oficial. “Al desmantelar la AB 379, el Comité ha enviado un mensaje escalofriante: la explotación infantil no merece una pena grave. Comprar a un joven de 16 años con fines sexuales causa años de dolor, enfermedad y trauma, y sin embargo, en California recibe el mismo o menor castigo que pintar una pared con aerosol”.
El proyecto de ley, presentado por la asambleísta Maggie Krell —quien cuenta con una amplia trayectoria en el combate a la trata de personas—, estaba respaldado por datos que señalan los 16 años como la edad promedio de reclutamiento de víctimas de trata en San Diego. Diversas organizaciones de protección infantil, agencias del orden y defensores de derechos humanos se habían manifestado a favor de la propuesta.
Pese a esto, la decisión del Comité de Seguridad Pública debilitó significativamente la capacidad del sistema de justicia para sancionar a quienes alimentan el mercado de explotación sexual infantil. “Esto no es solo un desacuerdo político, es un fracaso inhumano”, insistió Stephan.
La fiscal, quien fue pionera en establecer la primera Unidad de Víctimas Especiales de Trata de Personas en el condado, ha liderado esfuerzos para endurecer las leyes en torno a este delito y colaborar con sobrevivientes en la formulación de políticas más justas y eficaces.
El proyecto de ley AB 379 pasará ahora al Comité de Asignaciones de la Asamblea, donde podría ser modificado nuevamente. Stephan reiteró su compromiso de seguir luchando para cerrar las lagunas legales que, según ella, permiten que los compradores de menores de edad eviten sanciones proporcionales al daño causado.
“California debería liderar la nación en la protección de los niños, no demorarse”, declaró. “Los sobrevivientes merecen algo mejor. Nuestros niños merecen algo mejor”.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que este tipo de retrocesos legislativos no solo socavan la justicia, sino que perpetúan un sistema que normaliza la explotación sexual de menores. Mientras tanto, la presión pública crece para que el proyecto recupere su enfoque original.
