Tanto el Departamento de Policía como el cuerpo de bomberos comparten una postura clara: su misión es asistir a quienes se encuentren en riesgo, no cuestionar su estatus migratorio.

CHULA VISTA.- En un esfuerzo por reforzar la confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden, la ciudad de Chula Vista ha reafirmado su política de no investigar el estatus migratorio de las personas que llaman en busca de ayuda policial o servicios de emergencia. 

La medida busca garantizar que todos los residentes, sin importar su situación legal, se sientan seguros al solicitar auxilio cuando lo necesiten.

El concejal del Distrito 3, Michael Inzunza, ha sido uno de los principales defensores de esta política. En entrevista, explicó que tanto el Departamento de Policía como el cuerpo de bomberos comparten una postura clara: su misión es asistir a quienes se encuentren en riesgo, no cuestionar su estatus migratorio.

“Nuestros jefes de seguridad están completamente de acuerdo en que el deber de nuestros bomberos y policías es ayudar a las personas, sin importar si son ciudadanos o no. No se puede preguntar a nuestros residentes si tienen documentos. Esa no es la función del servicio de emergencia”, comentó Inzunza, al referirse a situaciones como ataques cardíacos o denuncias por violencia doméstica.

Chula Vista, segunda ciudad más grande del condado de San Diego, ha venido impulsando en los últimos años un enfoque policial centrado en la contención pacífica de conflictos. Según explicó el concejal, la mayoría de las llamadas que atienden los agentes están relacionadas con violencia entre parejas, una tendencia que se ha incrementado desde la pandemia.

“La prioridad es desescalar. Nuestros oficiales están entrenados para calmar situaciones de riesgo sin recurrir a la fuerza”, añadió. “Si alguien llama porque hay un conflicto en casa, la policía no llega con la pistola en la mano; llega con la intención de calmar, de proteger, de evitar que la situación se agrave”.

La política de no cuestionar el estatus migratorio no solo forma parte de las prácticas de la policía local, sino que también está respaldada por la administración municipal como una medida para garantizar el acceso universal a la seguridad.

“Si una mujer llama porque su esposo la golpeó, no se le va a preguntar si tiene papeles. Se le va a proteger. Esa es nuestra responsabilidad”, subrayó el concejal del Distrito 3.