WASHINGTON, D.C.—La organización Human Rights First exigió el pasado jueves rendición de cuentas al gobierno de Estados Unidos tras la liberación de 252 venezolanos que, luego de ser expulsados del país, permanecieron desaparecidos durante más de cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, donde —según sus testimonios— fueron víctimas de tortura, tratos crueles y abusos sistemáticos.
Los hechos, calificados por la organización como una violación directa de las leyes estadounidenses e internacionales, involucran a migrantes que habían solicitado asilo en EE.UU. y que fueron devueltos sin un proceso legal adecuado.
Entre ellos se encuentra Carlos Uzcátegui, uno de los desaparecidos cuya familia fue asistida por Human Rights First y que recientemente logró reencontrarse con sus seres queridos en Venezuela tras su liberación.
“Respiramos con alivio al saber que estos hombres ya no están bajo las condiciones inhumanas en las que fueron detenidos arbitrariamente”, declaró Uzra Zeya, presidenta y directora ejecutiva de Human Rights First. “Pero no cesaremos en exigir justicia y responsabilidad por el daño que sufrieron, ni en alzar la voz por aquellos que aún siguen encarcelados injustamente”.
De acuerdo con los testimonios recopilados por la organización, los venezolanos detenidos en el CECOT fueron incomunicados, golpeados, sometidos a privación del sueño, tortura psicológica y, en algunos casos, abuso sexual. Human Rights First también presentó documentación ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU (UNWGEID), donde señaló que el gobierno estadounidense mantuvo control sobre el destino de los hombres incluso después de su entrega a las autoridades salvadoreñas.
La organización, que ha acompañado por años a defensores de derechos humanos en El Salvador, se unió al llamado de activistas locales que denuncian el uso sistemático de detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción instaurado por el gobierno de Nayib Bukele, y pidió la liberación de quienes aún permanecen en condiciones similares en cárceles como el CECOT.
Human Rights First advirtió que este caso debe encender las alarmas en el debate sobre el rumbo de la democracia en Estados Unidos. “Nuestro país ha suscrito leyes y tratados que prohíben enviar a cualquier persona a un lugar donde podría ser torturada”, subrayó la organización. “Lo ocurrido en El Salvador es una advertencia clara: si no actuamos en defensa de nuestros valores democráticos, corremos el riesgo de convertirnos en aquello que decimos rechazar”.
El llamado final fue dirigido al Congreso estadounidense y a organismos internacionales, a quienes pidieron iniciar una investigación profunda que determine responsabilidades tanto en Washington como en San Salvador.