Una decisión judicial en Washington, D.C. marcó un giro significativo en la política migratoria de Estados Unidos: la jueza federal Jia Cobb ordenó suspender la aplicación de la deportación acelerada a personas con libertad condicional humanitaria (Parole), medida que, hasta ahora, permitía expulsiones inmediatas sin audiencia ni defensa legal.
El fallo beneficia potencialmente a cerca de un millón de inmigrantes, muchos de los cuales ingresaron al país bajo programas humanitarios impulsados en los últimos años.
El caso, identificado como CHIRLA v. Noem, fue promovido por organizaciones como la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), UndocuBlack Network y CASA, en nombre de personas provenientes de países como Ucrania, Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua, quienes ingresaron legalmente a EE.UU. mediante el programa CBP One u otras vías de parole humanitario.
La demanda fue presentada en marzo de este año, tras un cambio administrativo que permitió que beneficiarios de Parole fueran incluidos en procedimientos de remoción expedita, política que les impedía tener una audiencia ante un juez de inmigración.
La corte determinó que esta práctica era ilegal y vulneraba derechos fundamentales al debido proceso.
“El gobierno no puede cambiar las reglas del juego a mitad del partido”, argumentó Cobb, subrayando que estas personas habían seguido los pasos legales establecidos para ingresar al país.
Según la resolución, la medida impuesta por la administración federal carecía de sustento legal y generaba un daño irreparable al cancelar beneficios migratorios previamente autorizados.
La decisión de la jueza bloquea la implementación nacional de estas deportaciones aceleradas en personas con Parole y obliga a las autoridades a brindarles la oportunidad de presentar sus casos ante tribunales migratorios.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes celebraron el fallo como una victoria para las comunidades más vulnerables.
Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, calificó la resolución como “un paso hacia la justicia” y destacó que los beneficiarios de parole “merecen vivir y trabajar en paz junto a sus familias”.
Por su parte, Guerline Jozef, de Haitian Bridge Alliance, recordó que muchas de estas personas huyeron de contextos de violencia o desastres y depositaron su confianza en el sistema estadounidense.
Aunque la resolución aún puede ser apelada, por ahora representa un respiro para miles de familias que enfrentaban el riesgo de deportación inmediata pese a contar con permisos de ingreso y estadía temporal.
La medida tiene efecto inmediato y aplica a nivel nacional, deteniendo los intentos del gobierno de revertir la protección legal otorgada a través del Parole humanitario.