Kilmar Ábrego García, migrante salvadoreño cuya deportación irregular en marzo generó fuerte controversia en Estados Unidos, recuperó su libertad este viernes tras permanecer casi dos meses detenido en Tennessee. Su abogado, Sean Hecker, confirmó que Ábrego regresará a su hogar en Maryland mientras enfrenta el proceso judicial abierto en su contra.
El caso adquirió relevancia nacional después de que Ábrego, de 30 años, fuera enviado a El Salvador pese a que un tribunal de inmigración en 2019 determinó que no debía ser expulsado por el riesgo de violencia que enfrentaba en su país. Durante los casi tres meses que permaneció en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), denunció haber sido golpeado, privado del sueño y sometido a tortura psicológica.
En junio fue devuelto a Estados Unidos, pero al llegar enfrentó cargos relacionados con tráfico de personas y vínculos con la pandilla MS-13, acusaciones que él rechaza. La fiscal general Pam Bondi señaló que un gran jurado lo identificaba como parte de una red criminal dedicada al traslado de migrantes y contrabando de armas, aunque la defensa insiste en que las imputaciones son represalia por su demanda contra el gobierno por la deportación ilegal.
El gobernador de Maryland, Wes Moore, se pronunció tras la liberación de Ábrego y su retorno al estado. “Cada persona tiene derecho al debido proceso según la Constitución. Desde el inicio pedimos que ese principio se respetara, lo que significa que todos deben recibir notificación adecuada de los cargos en su contra y la oportunidad de ser escuchados. Este caso nunca trató de un solo individuo, sino de las leyes que rigen a todos en nuestro país. Varios tribunales han tomado decisiones en este asunto y esperamos que la administración Trump las acate”, afirmó Moore en un comunicado.
Un funcionario federal admitió previamente que la expulsión de Ábrego fue resultado de un “error administrativo”, hecho que intensificó las protestas en varias ciudades estadounidenses contra las políticas migratorias aplicadas en esa administración.
La jueza federal Paula Xinis, quien supervisa la demanda civil por la deportación, ordenó que cualquier intento de enviar a Ábrego a un tercer país sea notificado con tres días de antelación, con el fin de que su defensa pueda impugnar la medida. Mientras tanto, el migrante intentará retomar su vida en Maryland, aunque bajo la incertidumbre de un proceso judicial que aún podría definir su permanencia en el país.