Al menos 1.6 millones de inmigrantes han registrado sus salidas voluntarias y otros 527,000 más han enfrentado deportaciones formales, sumando más de dos millones de inmigrantes indocumentados que han abandonado el país, registro que se ha convertido en un histórico éxodo en las últimas décadas.
Las cifras son oficiales y documentan lo ocurrido en lo que va del 2025 y de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el gobierno “va camino de romper récords históricos” en expulsiones.
La agencia, bajo el liderazgo de la secretaria Kristi Noem, sostiene que “la Administración Trump ha revitalizado una agencia que estuvo paralizada durante los últimos cuatro años. Este es solo el comienzo”, según una declaración atribuida a la subsecretaria Tricia McLaughlin en el comunicado donde se presentaron los datos.
Manteniendo el énfasis intimidatorio de la campaña emprendida en torno a las deportaciones, la funcionaria aseveró que “los inmigrantes indocumentados están escuchando nuestro mensaje: váyanse ahora o afronten las consecuencias”.
El DHS afirmó que los programas de control fronterizo y las operaciones de ICE y la Patrulla Fronteriza (CBP) “han cerrado la frontera” y lograron una reducción del 99.99% en la migración a través del Tapón del Darién, en Panamá.
Las autoridades sostienen que “los migrantes están regresando incluso antes de llegar a nuestras fronteras”, y que la agencia continuará con las persecuciones contra quienes persistan en mantenerse en territorio estadounidense y sentencia que “serán arrestados y deportados sin posibilidad de regresar”.
A la par, la dependencia refuerza su programa de autodeportación en el que ofrece 1,000 dólares y un vuelo gratuito a quienes abandonen voluntariamente el país, un incentivo con el que afirman que las personas podrían “retornar legalmente en el futuro”.
Los datos del DHS se publican en medio de un endurecimiento generalizado de las políticas migratorias, que incluye la eliminación del estatus de protección temporal para ciudadanos de Venezuela, Cuba y Haití, así como detenciones masivas en áreas urbanas.
La agencia ha reiterado que no habrá excepciones: “Los políticos santuario no disuadirán a ICE ni a CBP en su misión de proteger la patria”, insistió McLaughlin.
Entre los objetivos dados a conocer se menciona que se trabajará para que las deportaciones formales superen las 600,000 antes de finalizar el año, cifra sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos.
DEBILITADA FUERZA LABORAL
En contraparte a lo que la DHS comunica como logros institucionales, la salida de más de 1.7 millones de trabajadores nacidos en el extranjero desde el pasado mes de marzo está provocando una contracción del mercado laboral estadounidense y una crisis sin precedentes principalmente en la industria restaurantera, uno de los sectores más dependientes de la mano de obra inmigrante.
Según datos del Buró de Estadísticas Laborales (BLS), la fuerza laboral total del país se redujo en casi 800,000 personas entre marzo y julio, pese al aumento general de la población civil.
Los investigadores del Washington College y la Universidad de New Hampshire concluyen en un informe publicado en SSRN que las deportaciones masivas “reducen el tamaño de la economía, destruyen empleos para ciudadanos, disminuyen salarios y erosionan las finanzas estatales y locales”. El golpe más fuerte recae en el sector restaurantero, donde el 22% de la fuerza laboral es extranjera, según Gallup y la Asociación Nacional de Restaurantes (NRA).
El retiro de 1.7 millones de inmigrantes representa una reducción del 5% en la fuerza laboral nacida fuera del país. Aplicado al sector gastronómico, equivale a la pérdida de unos 137,000 trabajadores desde marzo. Si la tendencia continúa, podrían faltar más de 310,000 empleados antes de finalizar 2025.
La NRA advierte que la crisis podría alterar por completo la estructura del sector, donde más de un tercio de los propietarios son inmigrantes. Entre ellos, 89% de los dueños de restaurantes asiáticos y 66% de los hispanos nacieron fuera de Estados Unidos.
Mientras la administración federal defiende su campaña de expulsiones, los analistas concluyen que el costo social y económico de las deportaciones podría superar ampliamente cualquier beneficio político a corto plazo.