El Concejo Municipal de San Diego aprobó el pasado martes el pago de 6.3 millones de dólares para resolver una serie de demandas derivadas de las inundaciones de enero de 2024. Sin embargo, el dinero no llegará a las familias afectadas directamente, sino a 17 compañías de seguros que reclamaron reembolsos tras cubrir daños a sus clientes.
El acuerdo compensa a aseguradoras como Allstate, State Farm, Mercury Insurance y Palomar Insurance, entre otras. Las empresas demandaron a la ciudad bajo el principio legal de subrogación, un mecanismo que les permite recuperar el dinero que ya pagaron a los propietarios tras el desastre.
El pago provendrá del Fondo de Responsabilidad Pública de la ciudad, una reserva destinada a litigios, y no de partidas presupuestales para obras nuevas, según la cobertura del mismo medio.
La decisión ha generado indignación entre sobrevivientes de las inundaciones, que aseguran que más de 1,500 residentes continúan esperando compensación directa. Muchos de ellos mantienen demandas activas contra la ciudad, argumentando negligencia en el mantenimiento de desagües pluviales y canales, lo que —según sostienen— provocó el desbordamiento que arrasó viviendas y pertenencias.
El juicio principal impulsado por las víctimas está programado para iniciar el 2 de octubre de 2026. Mientras tanto, la tensión ha aumentado debido a que la ciudad ha presentado contrademandas contra algunos propietarios, señalando presunta falta de mantenimiento en sus inmuebles, una estrategia legal que ha sido duramente criticada por líderes comunitarios.
El trasfondo del conflicto revela un problema estructural más amplio. El diario The San Diego Union-Tribune ha documentado que la ciudad enfrenta un déficit de infraestructura cercano a los 8,000 millones de dólares. Además, aproximadamente la mitad del sistema de drenaje pluvial no ha recibido mantenimiento en al menos 15 años, lo que ha intensificado cuestionamientos sobre la preparación municipal ante eventos climáticos extremos.
Mientras las aseguradoras cierran su capítulo legal, cientos de familias siguen a la espera de que los tribunales determinen si la ciudad debe responder directamente por las pérdidas que aún marcan a comunidades enteras dos años después de la tormenta.