SAN DIEGO. – A semanas de que se definan los materiales electorales para los comicios del 2 de junio, el exconcejal Scott Sherman presentó una demanda ante el Tribunal Superior del condado para impugnar el contenido de la boleta y documentos informativos de la Medida A, que propone un impuesto a viviendas desocupadas.
La acción legal solicita una orden judicial urgente para modificar o eliminar partes del lenguaje oficial, al considerar que contienen afirmaciones “falsas, engañosas o inconsistentes” con el texto real de la iniciativa. El recurso se basa en disposiciones del Código Electoral de California que permiten a los votantes cuestionar materiales antes de su impresión.
Según la petición, los documentos electorales sugieren resultados que la medida no garantiza, como el aumento en la disponibilidad de vivienda o la reducción de costos. También cuestiona que se mencionen ingresos de hasta 24 millones de dólares anuales, cuando —según el argumento legal— las proyecciones reconocidas por la propia ciudad serían menores y dependen de cambios en el comportamiento de los propietarios.
Otro de los puntos centrales es el destino de los recursos. La demanda sostiene que, aunque los materiales vinculan los ingresos a programas de vivienda e infraestructura, la medida establece que los fondos se depositen en el Fondo General, sin una asignación específica. Asimismo, se objeta la inclusión de referencias a auditorías independientes, al considerar que no están contempladas en el texto de la propuesta.
“Se trata de garantizar que los votantes reciban información precisa y veraz”, declaró Shane Harris, portavoz de la campaña en contra de la medida. “El texto de la boleta debe ser claro, neutral y permitir decisiones informadas”.
La Medida A plantea aplicar un impuesto a propiedades residenciales consideradas desocupadas por más de 182 días al año, con tarifas iniciales de 8,000 dólares que aumentarían gradualmente. Sus ingresos irían al Fondo General de la ciudad, por lo que su uso quedaría sujeto a decisiones presupuestarias futuras.
El tribunal deberá resolver en un plazo limitado, debido a los tiempos legales para la impresión y distribución de las boletas electorales.