Una investigación federal de dos años culminó con la acusación formal de 30 presuntos integrantes y colaboradores de la pandilla West Coast Crips, señalados de operar una organización dedicada al tráfico de cocaína base desde un mercado abierto de drogas ubicado sobre Imperial Avenue, al este del centro de San Diego. En un operativo simultáneo realizado el miércoles, las autoridades detuvieron a 28 personas y ejecutaron 21 órdenes de cateo en distintos puntos del condado.
La acusación, presentada por un gran jurado federal y dada a conocer el 15 de julio, sostiene que la organización utilizaba el punto de venta ubicado en la cuadra 2900 de Imperial Avenue como centro de distribución al menudeo y al mayoreo de crack, abasteciendo tanto a consumidores directos como a distribuidores que posteriormente revendían la droga en vecindarios como East Village, Downtown, Logan Heights y Sherman Heights.
La investigación, iniciada en 2024, concluyó que miles de personas acudieron de forma recurrente al sitio durante 2025 para comprar cocaína base. Los investigadores estiman que la organización comercializaba alrededor de 20 libras de cocaína cada semana, con un valor aproximado de 550 mil dólares en el mercado ilegal.
Durante el operativo participaron más de 350 integrantes de la Fuerza de Tarea contra Delitos Violentos del FBI, junto con corporaciones federales, estatales y locales. Al cierre de la tarde del miércoles, dos de los acusados permanecían prófugos.
Como resultado de la investigación fueron aseguradas más de 11 libras de cocaína, más de 14 mil dólares en efectivo, dos armas de fuego y una máquina para contar billetes. Las pesquisas incluyeron vigilancia permanente mediante cámaras, agentes encubiertos, fuentes confidenciales e intervenciones telefónicas autorizadas por un juez. De acuerdo con las conversaciones interceptadas, los presuntos integrantes de la organización agotaban con frecuencia su inventario y buscaban reabastecerse para mantener la operación.
La acusación también describe una estructura jerárquica integrada por vendedores callejeros, proveedores de cocaína en polvo —que posteriormente era convertida en crack— y compradores que adquirían la droga para redistribuirla en otros sectores de la ciudad.
Además del tráfico de drogas, la investigación documentó actividades relacionadas con la pandilla. Entre ellas figura la celebración anual del denominado “Set Day”, realizada alrededor del 30 de marzo, cuando presuntos miembros del grupo ocuparon las inmediaciones del mercado de drogas, bloquearon el tránsito vehicular y desobedecieron órdenes de dispersión emitidas por oficiales del Departamento de Policía de San Diego.
Los investigadores también vincularon el punto de venta con hechos de violencia. La acusación menciona un ataque ocurrido el 9 de enero de 2026, cuando un vehículo se detuvo frente al mercado y uno de sus ocupantes disparó en repetidas ocasiones contra personas reunidas en el lugar, dejando al menos dos heridos antes de huir.
Los fiscales sostienen que buena parte de los acusados posee un amplio historial delictivo. Al menos 22 tienen antecedentes por delitos graves, principalmente relacionados con narcóticos; cinco se encontraban bajo algún tipo de supervisión judicial al momento de los hechos investigados y varios registran condenas previas en tribunales federales. Entre ellos figura uno de los presuntos líderes de la organización, quien fue condenado por homicidio en primer grado en 1994, obtuvo la libertad condicional en 2021 y concluyó ese periodo de supervisión en 2022.
Todos enfrentan cargos por conspiración para distribuir cocaína y cocaína base, un delito que, en caso de una condena, contempla una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
Las autoridades federales señalaron que el operativo representa uno de los mayores esfuerzos recientes contra el narcotráfico callejero en San Diego y destacaron que fue posible gracias a la colaboración entre el FBI, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California, el Departamento de Policía de San Diego, los departamentos de policía de Chula Vista y National City, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego y otras agencias.
Conforme al sistema judicial estadounidense, todos los imputados son considerados inocentes hasta que su responsabilidad sea demostrada ante un tribunal.
