SAN DIEGO.- Con una votación de 3-2, la Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó poner fin a los acuerdos que permiten a agencias federales de inmigración utilizar instalaciones de entrenamiento con armas de fuego propiedad del condado, una decisión que enfrenta argumentos de seguridad comunitaria con advertencias sobre posibles efectos en la capacitación de agentes y las operaciones fronterizas.
Los acuerdos con ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para utilizar el San Diego Regional Firearm Training Center y el Miramar Firearm Training Center terminarán 10 días después de que el gobierno federal reciba la notificación oficial de la decisión.
La supervisora y vicepresidenta de la Junta, Paloma Aguirre, defendió el voto al señalar que el asunto no se limita al valor económico de los contratos. “Esta decisión es más que un contrato de $100,000 dólares; se trata de si este Condado continúa prestando sus propiedades a las agencias que nuestros residentes más temen”.
Aguirre sostuvo que el temor provocado por las operaciones federales de inmigración tiene consecuencias para la seguridad pública local. “Cuando el miedo obliga a una comunidad al silencio, los funcionarios electos tienen el deber de hablar”.
La presidenta de la Junta, Terra Lawson-Remer, cuestionó a su vez que instalaciones del condado sean utilizadas para entrenamientos de agencias federales de inmigración y señaló que CBP recibió aproximadamente $64,700 millones en fondos suplementarios, incluidos $4,100 millones para contratar y capacitar personal.
Lawson-Remer cuestionó que un contrato de aproximadamente $110,000 pudiera ser determinante para una operación federal de esa magnitud.
La medida enfrentó la oposición del supervisor Jim Desmond, quien argumentó que retirar las instalaciones no modificará las tácticas de ICE, pero sí podría dificultar el entrenamiento de los agentes. “ICE ha sobrepasado los límites. ¿Cómo se corrige? Con más capacitación”.
Desmond defendió que las agencias federales y locales continúen entrenándose conjuntamente y advirtió que trasladar a los agentes a instalaciones más alejadas podría mantenerlos fuera de sus puestos durante horas.
El director de Operaciones de Campo de CBP para San Diego e Imperial Valley, Sidney Aki, respaldó esa preocupación. Afirmó que la oficina regional es la más ocupada de la nación y que diariamente cruzan por la frontera aproximadamente 225,000 personas, 90,000 vehículos particulares, 50,000 peatones y más de 5,500 camiones.
Aki dijo que CBP tiene cerca de 2,000 oficiales en la región y que las alternativas disponibles no tienen capacidad suficiente para atender sus necesidades de certificación.
“Nosotros tenemos nuestros propios instructores. Lo que utilizamos es básicamente el terreno y las instalaciones”, explicó Aki, quien pidió considerar una demora en la entrada en vigor de la decisión para encontrar una alternativa de entrenamiento.
El sector empresarial también advirtió sobre posibles repercusiones. Kenia Zamarripa, de la San Diego Regional Chamber of Commerce, señaló que unas 200,000 personas cruzan diariamente la frontera por trabajo, estudios, comercio o visitas familiares y afirmó que las demoras fronterizas ya cuestan a la economía regional cerca de $2,000 millones al año.
La Cámara pidió excluir a CBP de la medida por considerar que podría afectar a trabajadores, estudiantes y empresas que dependen del tránsito fronterizo.
La votación fue respaldada por el congresista Juan Vargas, quien afirmó que las instalaciones públicas del condado deben utilizarse para fortalecer la confianza comunitaria y no para respaldar prácticas federales de control migratorio que, dijo, generan temor.
El congresista Scott Peters, aunque respaldó que CBP mantenga su presencia en los puertos de entrada, sostuvo que los agentes necesitan capacitación adicional enfocada en desescalada, transparencia y seguridad pública.
La decisión deja ahora al gobierno federal con 10 días después de recibir la notificación oficial para que concluya el acceso contemplado en los contratos, mientras continúa el debate sobre dónde y cómo podrán capacitarse los agentes federales que operan en la región.
