SAN DIEGO.- Antes de que la Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobara por 3-2 terminar los acuerdos para que agencias federales de inmigración utilizaran instalaciones de entrenamiento del Sheriff, el director de Operaciones de Campo de CBP para San Diego e Imperial Valley, Sydney Aki, defendió el uso de los campos de tiro del condado y advirtió que retirarlos podría afectar la capacitación de agentes y las operaciones en los puertos de entrada.
Aki sostuvo que la principal preocupación no era económica, sino la disponibilidad de personal capacitado para cubrir los cruces fronterizos. “No se trata necesariamente de dinero. También se trata de personal”, afirmó.
El funcionario explicó que la oficina de CBP en San Diego es la más ocupada del país y que diariamente sus agentes participan en el procesamiento de aproximadamente 225,000 personas, 90,000 vehículos particulares, 50,000 peatones y más de 5,500 camiones, que transportan mercancías con un valor aproximado de $174 millones diarios.
Aki agregó que las operaciones también alcanzan aeropuertos y puertos marítimos, donde, según dijo, ingresan diariamente alrededor de $18 millones en carga marítima, además de vuelos internacionales y cruceros.
Su argumento central fue que CBP dispone de pocas alternativas para certificar a sus agentes. Señaló que la oficina cuenta con cerca de 2,000 oficiales y que las instalaciones comerciales disponibles han cerrado o no tienen capacidad suficiente.
“Si hubiéramos podido participar allí, lo habríamos hecho hace mucho tiempo”, dijo al referirse a otras instalaciones de entrenamiento.
Aki también rechazó la posibilidad de trasladar de inmediato el entrenamiento a instalaciones más alejadas, como Camp Pendleton. Advirtió que hacerlo tendría “impactos significativos” en los días de capacitación, el desarrollo profesional y las operaciones de CBP.
El funcionario aclaró además que el condado y el Sheriff no capacitan directamente a los agentes de CBP. “Tenemos nuestros propios instructores” y utilizamos principalmente “el terreno y las instalaciones”, explicó.
Ante preguntas sobre el contenido de la capacitación, Aki enfatizó que no se limita al manejo de armas. Explicó que los agentes practican escenarios en los que primero deben desescalar situaciones, dialogar y calmar a las personas, mientras que el uso de la fuerza constituye “el último recurso”.
También defendió la capacitación conjunta entre agencias estatales, locales y federales. Según Aki, entrenar por separado puede generar falta de coordinación, intercambio de información y confianza entre corporaciones.
“Es mejor que entrenemos juntos”, afirmó. A su juicio, el trabajo conjunto permite una respuesta más coordinada y facilita la desescalada de situaciones.
Aki pidió a los supervisores considerar retrasar la entrada en vigor de la medida para que CBP pudiera encontrar una alternativa que permitiera mantener la certificación de sus agentes y la colaboración con el Sheriff.
El funcionario también confirmó que la intención de CBP era renovar el contrato con el Departamento del Sheriff cuando concluyera su vigencia, prevista entonces para dentro de aproximadamente ocho meses.
Su advertencia fue expresada en medio de las preocupaciones planteadas durante la audiencia de este martes sobre el posible efecto de la medida en los tiempos de espera y el comercio transfronterizo. Sin embargo, Aki centró su defensa en la capacidad operativa: mantener agentes certificados y disponibles para cubrir los puertos de entrada.
La Junta finalmente aprobó la propuesta con los votos en contra de Jim Desmond y Joel Anderson, mientras los demás supervisores votaron a favor.
