SAN DIEGO.- La decisión de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego de terminar los acuerdos que permiten a agencias federales de inmigración utilizar instalaciones de entrenamiento con armas de fuego tendrá una aplicación diferenciada: mientras Immigration and Customs Enforcement (ICE) perderá el acceso, Customs and Border Protection (CBP) continuará utilizando el campo de tiro de Otay.
Luego de que el pasado martes, con una votación de 3-2, la Junta aprobó poner fin a los acuerdos con ICE y CBP para utilizar el San Diego Regional Firearm Training Center y el Miramar Firearm Training Center. Los contratos terminarán 10 días después de que el gobierno federal reciba la notificación oficial.
Sin embargo, horas después de la votación, la sheriff del condado, Kelly Martinez, anunció que notificó a ICE que ya no tendrá acceso ni podrá utilizar instalaciones de la Oficina del Sheriff para entrenamiento y calificación en el uso de armas de fuego.
Martinez, explicó que tomó la decisión después de considerar las posibles consecuencias para las comunidades fronterizas, los trabajadores que cruzan diariamente entre México y Estados Unidos, así como para niños, jóvenes y estudiantes universitarios que atraviesan la frontera para acudir a la escuela.
El debate en la Junta estuvo marcado por posiciones encontradas sobre las consecuencias de retirar estos espacios de entrenamiento.
La supervisora y vicepresidenta de la Junta, Paloma Aguirre, señaló que el temor generado por las operaciones federales de inmigración también tiene consecuencias para la seguridad pública local. “Cuando el miedo obliga a una comunidad al silencio, los funcionarios electos tienen el deber de hablar”, dijo.
La presidenta de la Junta, Terra Lawson-Remer, cuestionó que instalaciones propiedad del condado sean utilizadas para entrenamientos de agencias federales de inmigración.
El supervisor Jim Desmond votó en contra de terminar los acuerdos. Argumentó que retirar las instalaciones no cambiará las tácticas de ICE, pero podría dificultar el entrenamiento de sus agentes. “ICE ha sobrepasado los límites. ¿Cómo se corrige? Con más capacitación”, afirmó.
Sidney Aki, director de Operaciones de Campo de CBP para San Diego e Imperial Valley, afirmó que la región es la más ocupada de la nación y que diariamente cruzan la frontera aproximadamente 225,000 personas, 90,000 vehículos particulares, 50,000 peatones y más de 5,500 camiones.
Aki dijo que CBP cuenta con cerca de 2,000 oficiales en la región y que las alternativas disponibles no tienen capacidad suficiente para cubrir sus necesidades de certificación.
Por su parte, Kenia Zamarripa, de la San Diego Regional Chamber of Commerce, afirmó que las demoras fronterizas ya representan un costo cercano a $2,000 millones anuales para la economía regional, por lo que pidió excluir a CBP de la medida por considerar que una interrupción en su entrenamiento podría afectar a trabajadores, estudiantes y empresas que dependen del tránsito fronterizo.
