SAN DIEGO.— El centro de detención migratoria de Otay Mesa se encuentra en medio de una disputa entre dos poderes, luego de que el gobierno federal se convirtió en propietario de la instalación ubicada junto a la frontera con Tijuana, y el gobierno de California analiza imponer un impuesto a las empresas privadas que operan estos centros.
La disputa se agravaría si Gavin Newsom firma AB 1633, una legislación impulsada por el asambleísta demócrata Matt Haney, de San Francisco, aprobada por ambas cámaras y formalmente enviada al gobernador el pasado 2 de septiembre, para la posibilidad de convertirse en ley.
La versión final establece un impuesto anual equivalente al 25% del ingreso bruto de los operadores de centros privados de detención en California y comenzaría a aplicarse el 1 de julio de 2028 alcanzando las instalaciones independientemente de que el contrato de operación sea con una agencia federal, estatal o local.
La cifra es distinta de la que circuló durante buena parte del proceso legislativo. El proyecto originalmente planteaba un gravamen de 50% y una entrada en vigor en enero de 2027. Esa versión fue modificada antes de su aprobación final.
Propiedad federal, operación privada
El caso de San Diego adquiere una dimensión particular porque la propiedad del centro cambió recientemente de manos. CoreCivic informó que el pasado 2 de julio completó la venta del Centro de Detención de Otay Mesa, con capacidad para 1,994 camas, al gobierno de Estados Unidos y sus representantes, por $739.2 millones. La operación formó parte de una venta conjunta de dos instalaciones en California por aproximadamente $1.5 mil millones.
La compra, sin embargo, no puso fin a la participación de la empresa privada. CoreCivic mantiene un contrato para administrar el centro de Otay Mesa que expira en diciembre de 2029 y contempla una opción de extensión por cinco años, según información financiera de la propia compañía.
Esto coloca a Otay Mesa en una situación singular al ser un inmueble federal, pero la operación continúa en manos de una corporación privada, precisamente el tipo de operador al que AB 1633 pretende gravar.
Para servicios migratorios
AB 1633 ordena que los ingresos obtenidos mediante el nuevo impuesto, después de reembolsos y costos administrativos, sean depositados en el Due Process for All Fund. Los recursos podrían utilizarse, previa aprobación de la Legislatura, para servicios relacionados con inmigración.
El autor ha argumentado que el estado no puede controlar la política migratoria federal, pero sí puede utilizar sus facultades para exigir responsabilidades a las corporaciones que obtienen ingresos de esas operaciones.
