Para Maritza, el temor a que su familia vuelva a ser separada no comenzó con las actuales operaciones migratorias. Tenía seis años cuando, según relató, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a sus padres mientras se dirigían a la escuela.
A sus 20 años, la residente de Barrio Logan asegura que la experiencia volvió a repetirse. En octubre de 2025, dijo, su padre fue detenido por ICE y permaneció bajo custodia durante dos meses.
“Vivo con miedo cuando mis padres salen. Cada vez que salen de la casa, los abrazo como si fuera la última vez, porque simplemente ya no sé qué podría pasar”, relató durante una conferencia de prensa realizada en San Diego.
En otra declaración, Maritza describió las consecuencias emocionales de aquella detención. Dijo que vive con ansiedad, que recibe terapia y que ha llegado a despertarse durante la noche por pesadillas relacionadas con la posibilidad de que su padre vuelva a ser detenido.
Su testimonio fue presentado en el contexto de una disputa que llegó a la Junta de Supervisores del Condado: el uso de instalaciones públicas para entrenamiento con armas de fuego por parte de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y que finalmente sin acceso solo a ICE tras la intervención de la sheriff del condado, Kelly Martinez.
Atienden a familias afectadas
El debate también incorporó la experiencia de organizaciones que trabajan directamente con familias inmigrantes.
Brinkley Johnson, representante del Pope Francis Center de la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe, cuestionó que ICE y CBP utilicen instalaciones del Condado para prácticas con armas de fuego mientras desarrollan operaciones migratorias.
“ICE y CBP han estado realizando entrenamiento con armas de fuego, es decir, prácticas de tiro, en una instalación propiedad del condado”, afirmó Johnson.
Johnson sostuvo que las familias atendidas por el centro viven con temor ante posibles encuentros con agentes federales.
“La amenaza de violencia por parte de estos agentes federales es real. Como han escuchado, es tangible, es generalizada y causa un grave daño psicológico”, afirmó.
En ese contexto, el Pope Francis Center describe una demanda que no se limita a la asistencia inmediata después de una detención, sino que incluye acompañamiento a familias que enfrentan procesos de separación y deportación.
Cifras federales dimensionan el contexto
Los testimonios se produjeron mientras San Diego registra un incremento de las operaciones federales de inmigración.
El pasado mes de mayo, ICE informó que sus agentes habían realizado 16,368 detenciones en el área de San Diego entre el 20 de enero de 2025 y el 1 de abril de 2026. La cifra fue proporcionada en respuesta a una solicitud del congresista Mike Levin, quien había cuestionado las tácticas utilizadas durante operaciones en Oceanside y pidió información sobre las órdenes judiciales y los antecedentes criminales de las personas detenidas. La respuesta de ICE no incluyó la información solicitada sobre los antecedentes de los detenidos.
ICE, por su parte, continúa difundiendo comunicados en los que presenta algunas de sus operaciones en San Diego como acciones dirigidas contra personas con antecedentes criminales. Por ejemplo, en septiembre de 2025 la agencia anunció el arresto de cuatro personas con condenas por delitos sexuales contra menores.
Así, mientras ICE defiende sus operaciones como acciones de seguridad y aplicación de las leyes migratorias, familias y organizaciones comunitarias describen consecuencias que incluyen ansiedad, separación familiar y temor a acudir a lugares cotidianos.
La voz de Maritza se convierte en la de miles. “No somos criminales; somos familias que vivimos con miedo constante de tareas cotidianas como ir al trabajo, a la iglesia o a la escuela”.
